Sentencia Rol 4924 - 2020

0000209 DOSCIENTOS NUEVE 4 ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía". Y, en segundo lugar, la frase que delimita el recurso de apelación a las exclusiones de prueba "de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente". Como precepto que aunque no impugnado, permite aclarar el contexto normativo, cabe mencionar el artículo 276, inciso tercero, del mismo Código, el cual señala que "el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales". TERCERO. INTERROGANTE CONSTITUCIONAL RELEVANTE. En este caso se discute si vulnera o no el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como la racionalidad y justicia procedimental, la aplicación de dos disposiciones legales cuyo efecto consiste en impedir al querellante en la causa penal la posibilidad de apelar de una resolución que excluye prueba de cargo ofrecida por dicha parte y que puede ser determinante en el resultado del juicio. En otras palabras, ante este Tribunal no se está discutiendo sobre la posibilidad de que una prueba se pueda excluir (ni menos sobre la procedencia de revisión judicial de una sentencia definitiva en la que debe ponderarse la prueba que hayan podido presentar las partes), sino respecto de la necesidad de que pueda recurrirse ante un tribunal superior por una resolución dictada por un juez de garantía (antes, incluso, de comenzar el juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal) y de la cual puede depender el resultado del pleito. Expresado en forma interrogativa y dentro del contexto de lo antes dicho, la primera pregunta relevante de alcance constitucional es la siguiente: ¿es racional y justo que, por la aplicación de las disposiciones legales impugnadas, el imputado se vea impedido de apelar para que se revise si fue correcta o no la desestimación de la prueba ofrecida por parte del juez de garantía? CUARTO. Este Tribunal se ha pronunciado sobre la inaplicabilidad del artículo 277 del Código Procesal Penal en múltiples ocasiones – ver, en este sentido, el considerando cuarto de la sentencia rol Nº 9329. Sin embargo, este caso tiene una diferencia relevante con prácticamente todos los precedentes, a excepción de la sentencia rol Nº 5668. En este caso lo que se excluye por parte del juez de garantía es una parte de la prueba de cargo aportada por los querellantes en esta causa. No obstante, este Tribunal nuevamente acogerá la acción de inaplicabilidad respecto a las frases mencionadas previamente contenidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal, toda vez que una regla que impide apelar a la decisión de exclusión de prueba de cargo, en este caso, vulnera tanto exigencia del debido proceso como asimismo el artículo 19 Nº 2, inciso segundo de la Constitución.