ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE ENERO DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: PAULA XIMENA MÉNDEZ AZUELA.
Suprema Corte de Justicia de la Nación

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE ENERO DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: PAULA XIMENA MÉNDEZ AZUELA.

Fecha: 28-Abr-2023

Vi Estudio De Fondo

35. En el presente caso, corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar la constitucionalidad del artículo 11, fracción XI, de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Nuevo León, que exige que las personas que presten servicios en los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil no cuenten con antecedentes penales.

36. Es decir, deberá resolver la siguiente interrogante: ¿es constitucional que se prohíba a personas con antecedentes penales laborar en centros de atención infantil del Estado de Nuevo León?

37. Para abordar la interrogante planteada se analizará, en primer lugar, el parámetro de regularidad del derecho a la igualdad y no discriminación. Posteriormente será analizada la amplia doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal en torno a la constitucionalidad del requisito de no contar con antecedentes penales para encontrar en qué medida la norma impugnada es similar o distinta a las ya analizadas por esta Suprema Corte. Será analizado también el parámetro de regularidad del interés superior de la niñez, en tanto la autoridad emisora argumenta que la norma impugnada tiene como finalidad preservar los derechos de las infancias y adolescencias. Finalmente, se llevará a cabo un examen de igualdad bajo las premisas anteriores.

38. Este estudio permitirá concluir que el requisito de no contar con antecedentes penales para laborar en centros de atención infantil en el Estado de Nuevo León resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación. Esta Suprema Corte determina que la norma no supera la segunda grada del test, en tanto no guarda una relación directa, clara e indefectible con el fin constitucionalmente válido que persigue.