SOLICITUD 3/96. PETICION DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EJERZA LA FACULTAD PREVISTA EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 97 DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

"Esta Comisión procede respetuosamente a examinar los anteriores elementos de la investigación para fundamentar ante el honorable Pleno sus conclusiones.

"Ante todo deseamos advertir que se analizan en forma separada dos aspectos que consideramos diversos, pero que al final tendrán que enlazarse en forma congruente.

"Los acontecimientos ocurridos en `El Vado' de Aguas Blancas, del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, sus antecedentes e incidentes; y, por otro lado, el manejo que el gobernador del Estado y otros funcionarios cercanos a él, dieron a dichos hechos, principalmente ante la opinión pública y los medios de información.

"Con total convicción creemos que los antecedentes que hemos comprobado -bajo entrevistas directas, o por el examen de otras pruebas obtenidas y utilizadas procesalmente-, son los siguientes:

"1) El gobernador Figueroa toma conocimiento por conducto de volantes que se repartieron fundamentalmente en el Municipio de Coyuca -en días anteriores a los hechos-, y muy probablemente por plática telefónica con la presidenta municipal de Atoyac de Alvarez, que un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (más conocida como OCSS), proveniente de varias regiones, pero especialmente de Tepetixtla y poblados circunvecinos, pretendían manifestarse en esos días en contra de la presidenta municipal de Atoyac, a la cual atribuían responsabilidad por la desaparición de uno de los miembros de la OCSS, así como por el incumplimiento al compromiso de reparto de elementos para las labores campesinas, principalmente fertilizantes.

"2) Según declaración de la propia alcaldesa, el día anterior al de los hechos, el encargado del Ejecutivo del Estado le dijo lo siguiente:

"`¨Ya sabe que Guilebaldo volvió a citar a sus amigos de la OCSS? Quiero pedirle que hable usted con los de la OCSS de Atoyac para que éstos desistan de ir a la manifestación. Hay que tratar que no lleguen, ya que son gente muy violenta. Yo por mi parte ya tomé providencias para que el grupo mayoritario no vaya. Vamos a tratar de detener a la gente de Tepetixtla a como dé lugar. Le pido que estemos en comunicación.'

"3) Según las versiones dadas a esta Comisión, el gobernador Rubén Figueroa, el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, en presencia del entonces secretario general de Gobierno, licenciado José Rubén Robles Catalán; del director de la Policía Judicial del Estado, licenciado Gustavo Olea Godoy; y del secretario de finanzas, Héctor Vicario Castrejón, porque aún no había llegado a la reunión el procurador general de Justicia del Estado, licenciado Antonio Alcocer Salazar, quien posteriormente arribó y fue informado; se repite: el gobernador ante dichos funcionarios, ordenó al licenciado Rosendo Armijo de los Santos, quien fuera subsecretario de Protección y Vialidad, que se trasladara al día siguiente al Municipio de Coyuca, y tratara de convencer a los posibles manifestantes anunciados, que no ejercieran violencia de cualquier tipo en contra del palacio municipal de Atoyac, de su presidenta, y de sus regidores; que si persistían en sus enfrentamientos y en continuar su marcha, los dejaran pasar pero desarmados; y que finalmente, si tampoco esto último era aceptado, los dejaran pasar en las condiciones en que estuvieren, puesto que la protesta que intentaban realizar no era en contra del Gobierno del Estado. Además, que les hicieran saber a quienes protestaban que el propio gobernador los visitaría en los siguientes días en Tepetixtla.

"4) Con tal motivo el licenciado Armijo organizó, para actuar al día siguiente, veintiocho de junio, un operativo con más de treinta miembros de la Policía Motorizada, que actuarían como preventivos, y otros elementos civiles auxiliares, quedando a la cabeza de ese cuerpo al cual denominan retén de revisión (entendiéndose que ésta es de armas), el mayor Manuel Moreno González, quien fuera director operativo de Seguridad Pública y Tránsito, mismo que ya había sido comisionado en ocasiones similares y que por tanto, se consideraba tenía experiencia suficiente en esta clase de actuaciones. Su misión era de simple diálogo y convencimiento -y quizás de desarme-, pero el cuerpo de policías actuó con un gran despliegue de armas de alto calibre. Se pretende justificar este hecho por los protagonistas, por tratarse de una región en la que con frecuencia, y sobre todo en las últimas semanas, los miembros de la motorizada habían sido emboscados en un operativo anterior, en el que resultaron muertos cuatro elementos de la policía. Además, se afirma, es región de narcotraficantes, de gran miseria y atraso cultural.

"5) Algunos hechos del día veintiocho de junio son especialmente confusos. La Comisión llegó a la conclusión de que difícilmente podrán ser totalmente aclarados en los tres procesos que se han incoado en el Juzgado Tercero de lo Penal con residencia en Acapulco, Guerrero, o en la investigación que continuara la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque aparentemente en forma intencionada, los que podrían aclararlos afirmaron ser ajenos a ellos.

"En efecto, el primer acontecimiento inusitado es que el encargado del operativo, persona de la total confianza del gobernador, licenciado Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de Protección y Tránsito, simplemente no se presentó en el lugar ese día, argumentando ante esta Comisión que ello obedeció a que el día de los hechos su esposa estaba y está gravemente enferma de cáncer y le era absolutamente necesario atenderla. El ex-secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, a quien el gobernador ordenó trasladarse desde Chilpancingo en un helicóptero, llegó a Coyuca de Benítez dos horas después de ocurridos los acontecimientos, los que sucedieron aproximadamente a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco; quien nos afirmó que cuando llegó, el licenciado Armijo se encontraba en un segundo piso de un edificio escolar, y al preguntarle sobre lo ocurrido, manifestó que él no había atendido personalmente el operativo, sino el mayor Moreno en su sustitución, y que tampoco sabía con exactitud las causas del enfrentamiento que produjo muertos y heridos. Ninguna de las personas con las cuales nos entrevistamos o declararon en los procesos afirman que tal persona en algún momento estuviere presente en `El Vado'. Parece ser que Armijo faltó a sus labores, y todos sus compañeros no desean aclarar su grave ausencia. Esta es una opinión personal de esta Comisión.

"Cabe hacer notar, que resalta el hecho de que el licenciado Rodolfo Sotomayor Espino, primer subprocurador de Justicia, sí estuviera en el lugar, a quien ubican en su vehículo, refugiado de la lluvia que se producía en la zona, antes y después del enfrentamiento, y no tomó a su cargo el atender la misión del gobernador ante la ausencia del licenciado Armijo, porque al parecer la presenció a distancia.

"En tal circunstancia, el total responsable de los procedimientos de la Policía Motorizada lo fue el mayor Manuel Moreno.

"También asistió al acto el licenciado Esteban Mendoza Ramos, ex-director general de Gobernación, acompañado de Gustavo Martínez Galeana, entonces delegado de Gobernación en la Costa Grande, a quien no sólo para este acto, sino para muchos otros similares de connotación política, se le proporcionaban cámaras fotográficas y de video, para filmar eventos destacados, lo cual se hizo en este caso y es la razón por la que existe constancia grabada de los acontecimientos, o al menos de parte de ellos. Parece que no hay otra filmación -o ella no es del conocimiento de la Comisión-, y que las dos versiones que se conocen proceden de una sola toma: la primera, que consta sólo de una parte (apenas poco más de dos minutos) editada en forma especial, a la cual podríamos llamar la `oficial', porque fue la que utilizó y aun comentó el gobernador Figueroa; y la segunda, de mayor duración (como de quince minutos), que se dio a conocer muy tardíamente en un programa del señor Ricardo Rocha, de la firma Televisa.

"Hay otro acontecimiento no totalmente aclarado, y que evita el que la Comisión pudiere pronunciarse indubitablemente. Como puede apreciarse en el video que acompañamos en esta indagatoria, un primer camión de color rojo, aparece en dicha filmación; arriba al Vado y al descender buena parte de su pasaje, y no presentar enfrentamiento alguno, se aprecia que es un acto rutinario de revisión, incluyendo la sustracción de machetes y palos que se traían en el transporte. Cuando aparece el segundo camión, de color azul, parecería que iba a ocurrir exactamente lo mismo que con el primero; o sea que sería revisado en la misma forma que el rojo. Es ahí cuando ocurre un acontecimiento no totalmente aclarado, como otros tantos: se escucha un disparo (aparentemente de pistola, según los peritos de esta Suprema Corte), y que según los protagonistas interrogados por nuestra Comisión, proviene de la parte posterior de la camioneta azul, fuera del foco de filmación, que no deja rastro, como sí lo hace un disparo o explosión posterior, que produce mucho humo, sensiblemente apreciado. Esos dos disparos se traducen en un acontecimiento verdaderamente llamativo, que provoca que los policías, con poderosas armas de fuego, compulsiva e indiscriminadamente empiecen a disparar contra los ocupantes del segundo camión. El fuego es tan devastador que produce un número desorbitado de muertos y heridos, y una cosa es bien clara y queda de manifiesto: dos policías son heridos de menor gravedad, por armas cortantes que están identificadas como machetes; mientras que todos los muertos y heridos eran pasajeros y fueron tocados por armas de fuego. Todos los testigos que entrevistamos están acordes en señalar que los policías actuaron compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos, puesto que no consta que respondieran a un ataque con armas de fuego, contra ellos.

"Asimismo, el empleado que filmó los hechos nos afirmó que dejó de hacerlo por sentirse verdaderamente enfermo y asqueado. Evidentemente se refería no a una batalla sino a asesinatos de personas perfectamente armadas frente a pasajeros de un camión de redilas que en su inmensa mayoría eran civiles pacíficos que estaban desarmados, y no obstante que unos pocos de ellos portaban machetes, no debe pasar desapercibido que en la región son instrumentos más de trabajo que de defensa o ataque. Los hechos de que se trata son actos delictuosos que deben ser constatados y valorados por autoridades penales de carácter ordinario, tan es así, que los procesos están desarrollándose, e igualmente se tramitan los juicios de amparo promovidos por los inconformes.

"De lo hasta aquí narrado puede concluirse que no tuvo problema la Comisión para reconstruir los hechos con testimonios, peritos o funcionarios locales. Nos bastó con presenciarlos mediante la observación de una videograbación. Que existen tres posibilidades de acontecimientos que marcaron el inicio de la matanza: un disparo inaudible en la grabación en la parte posterior del segundo camión de color azul, por persona desconocida, que inclusive no puede identificarse si era civil o policía. Un disparo o explosión, no bien identificado, que produce abundante humo blanco, que tampoco se aprecia fácilmente quién lo hace. Y, de acuerdo con la versión oficial, dos machetazos no bien apreciados sino sólo en sus inicios, que hieren de forma no grave a dos policías por los supuestos miembros de la OCSS.

"Pero, cualquiera de los tres acontecimientos que marcan el origen de los disparos generalizados de armas de fuego no son suficientes para justificar el ataque de la policía. Obviamente constituyen graves violaciones a los derechos de las personas, mucho menos entendibles si proceden de miembros de las autoridades policiales preventivas, fuertemente armadas y desplegadas en distintos puntos del lugar.

"Los elementos policiales del llamado retén de inspección, sabían y esperaban precisamente un camión de color rojo que es muy conocido por los habitantes de la región. Conocían también la hora de su salida de Tepetixtla, y por tanto el momento aproximado en que llegarían a `El Vado' cercano a Aguas Blancas. Dicho vehículo es detenido, y el video muestra cómo descienden algunos en forma pacífica; los que intervienen y deponen reconocen que es el camión rojo en el que viaja el mayor número de los miembros de la OCSS. No se advierte que opongan resistencia. El camión azul que llegó minutos después, en cambio, tiene como viajantes un número mayoritario de pobladores que van de compras o a atender asuntos personales en Coyuca de Benítez. Dos supuestos miembros de la OCSS que viajan en la lona que estaba en el techo, son los que descienden machete en mano, y aparentemente tiran golpes contra los policías. Los demás no intervienen, y algunos de los que descienden se defienden ocultándose abajo del transporte. Un disparo o explosión, y prácticamente todos los policías empiezan al unísono a disparar. Se afirma que en días pasados los policías habían sido atacados y creyendo que lo mismo volvería a ocurrir usan sus armas contra personas desarmadas, ya que no consta fehacientemente que los ocupantes del camión portaran armas de fuego, máxime que ninguno de los policías resultó herido de bala.

"Esta simple descripción pone de manifiesto el clima de violencia, descontento, y falta de garantías de las personas, al menos de los Municipios de Coyuca y de Atoyac. Numerosos actos desordenados venían ocurriendo. Los funcionarios del Gobierno del Estado saben de todos estos hechos, y mandan a un funcionario menor a `dialogar' (según una de las versiones o a detener a como diera lugar, según otras), mediante un operativo policial fuertemente armado, y más motivado que el pacífico grupo de descontentos que desearon protestar por las condiciones de miseria y faltos de medios pacíficos para laborar.

"En sí, este acontecimiento, fuera de las consideraciones de los órganos jurisdiccionales competentes del Estado, pone de manifiesto, al menos, el gran riesgo de que se produjeran los acontecimientos que infortunadamente se efectuaron.

"El gobernador afirma que ordenó al procurador de Justicia del Estado y al jefe de la Policía Judicial, se trasladaran a otro lugar totalmente distante del lugar de los hechos, para aprehender a un homicida buscado, y realizar un cateo; y en cambio, ordena atender situaciones más delicadas, con graves y frecuentes incidencias previas, a un funcionario menor, que ni siquiera se tomó la molestia de estar presente; a un subprocurador que no se acerca a dialogar o a preguntar a los viajeros de dos camiones detenidos, y todo lo dispone un mayor con elementos que en días anteriores habían sido emboscados, muriendo cuatro de ellos. Cuando los hechos ocurren, el gobernador pide a su secretario general de Gobierno y director de Comunicación Social que se trasladen de inmediato, en helicóptero, al lugar de los hechos, no a investigar éstos y exigir responsabilidades, sino aparentemente a ocultarlos y crear confusión informativa, que son los acontecimientos que esta Comisión aporta para una segunda serie de reflexiones, posteriores a los hechos.

"No hay justificación legal para la existencia de retenes que impidan el libre tránsito en caminos en donde transita lícitamente la población en transporte público. No había órdenes de aprehensión, para detener a alguna o algunas personas de entre los manifestantes, aun cuando el gobernador afirmara en medio televisivo lo contrario. No hay justificación para hacer descender al pasaje de un camión y registrarlo. No es entendible el gran despliegue de elementos armados en los caminos del Estado bajo el pretexto de `dialogar' con algunas personas descontentas, y no contra el Gobierno del Estado, sino contra un Ayuntamiento. No se entiende la razón para escoger elementos policiales sensibilizados por anteriores ataques de apenas unos días -lo cual los descalificaba-, y que debe entenderse se encontraban llenos de rencor.

"En pocas palabras, en esos días, y sobre todo en los Municipios a que nos hemos referido, el gobernador del Estado no tomó medidas adecuadas para el respeto de los derechos esenciales de las personas. La conclusión en concepto de la Comisión, es la palmaria gravedad de las situaciones previstas expresamente en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, que motivó el mandato que nos dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La segunda consideración de la Comisión para ser debidamente evaluada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, es tan importante como la primera, pero tiene una connotación definitivamente nacional y no local.

"Infortunadamente, existe la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la `cultura del engaño, la maquinación y la ocultación'. En efecto, graves acontecimientos han ocurrido en el país, de enorme importancia y trascendencia en esas decenas, que en vez de ser afrontados con reconocimiento y deseos de superación, se han pretendido esconder, a pesar del alto costo social que tienen el engaño y el ocultamiento. Parecería que no nos atrevemos a enfrentar la verdad. Pretendemos, aparentemente, no perder la confianza nacional e internacional, no a través de reconocer sencillamente nuestras fallas y nuestras equivocaciones, sino ocultando las equivocaciones. Es bien sabido que para sostener una mentira hay que seguir mintiendo, y en forma sumamente compleja. Por absurda que sea la versión artificialmente elaborada, debe de sostenerse con mayor énfasis dentro de una explicación oficial, vigorosamente sostenida a pesar de su incongruencia.

"Las altas autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero, a fines del mes de junio de 1995, ante la palmaria gravedad del masacramiento de civiles desarmados, y tan sólo a dos horas del suceso, empezaron a crear una versión artificial de los hechos, la cual se inició bajo el supuesto de que los miembros de la OCSS que se dirigían a Atoyac, vía Coyuca de Benítez, al ser detenidos, audazmente atacaron al cuerpo de policías motorizados; éstos fuertemente protegidos por armas de alto calibre, y aquéllos a lo sumo con los machetes que suelen portar para el desempeño de sus tareas campesinas. Así lo afirma el gobernador en una videograbación a disposición de los señores Ministros.

"Es pertinente destacar lo absurdo de las declaraciones de los funcionarios del Gobierno del Estado, en su afán desmedido de encubrir, engañar y proteger; ejemplo claro de ello, entre otros, son los siguientes:

"a) Al día siguiente de los hechos, en un programa televisivo, el gobernador explicó que los miembros de la OCSS tenían antecedentes delictuosos y órdenes de aprehensión incumplidas, y que se trataba de elementos sumamente peligrosos. Dentro del desarrollo de la filmación precisa que todo se originó en un ataque a machetazos, en un puesto de revisión, por actos de una persona que desciende del camión azul, machete en mano, que prácticamente `cercenó', el brazo del policía atacado. Explica ese hecho como el desencadenante del fuego generalizado de los policías. Niega rotundamente su responsabilidad en las conductas de los policías del llamado `retén'.

"b) El licenciado Rubén Figueroa Alcocer declaró que giró instrucciones al licenciado Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, para que algunos funcionarios del gobierno acudieran a dialogar con los representantes de la OCSS y los persuadieran para que desistieran de sus propósitos, pero que si no los convencían les permitieran seguir adelante, sólo que recogiéndoles las armas. En contradicción con lo anterior, el procurador general de Justicia, el director general de Seguridad Pública y Tránsito, los agentes del Ministerio Público, en la averiguación previa, y los comandantes, al rendir sus informes, todos ellos dijeron que se trató de un operativo rutinario de prevención de delitos y despistolización.

"c) En entrevista televisada, el licenciado Antonio Alcocer Salazar, procurador general de Justicia del Estado, expresó que `en las imágenes del video se ve cuando dos sujetos se descuelgan de la segunda unidad y machete en mano agreden a un policía... es cuando se escuchan detonaciones de armas de fuego... uno de los policías se agacha al ruido de una detonación de arma de fuego, cuyo humo aparece en la segunda unidad, y el disparo que iba dirigido a este elemento policiaco pega en uno de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que se había descolgado machete en mano...'

"d) Los comandantes Lorenzo Roque Cortés y Dustano Vargas Hernández informaron por escrito al agente determinador del Ministerio Público quehacían la observación de que `durante el enfrentamiento y por la forma indiscriminada que algunas personas que se trasladaban en el segundo vehículo hicieron uso de sus armas de fuego (es probable que) ellos mismos hayan lesionado a sus demás compañeros, ya que tiraron en diferentes direcciones, sin tomar en cuenta que corrían y brincaban de dicho vehículo desordenadamente sus demás compañeros'. Es decir, afirman que los campesinos privaron de la vida y lesionaron a sus demás compañeros.

"e) Por su parte los peritos en criminalística de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rafaela Cruz Suástegui y Gonzalo Barrera Abarca, rindieron su dictamen en el que, entre otras conclusiones, destaca la siguiente: `POR LA UBICACION DE LOS CADAVERES AL MOMENTO DE SU LEVANTAMIENTO LOS SUSCRITOS CONCLUIMOS QUE: POR SU POSICION Y UBICACION SE ENCONTRABAN PUESTOS PARA AGREDIR CON SUS ARMAS DE FUEGO A LA PATRULLA DE LA POLICIA MOTORIZADA QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDO POR DICHA VIA, EN DONDE, AL SER INTERCEPTADOS PARA SU REVISION POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, LOS AGREDEN, REPELIENDO LA AGRESION LOS MIEMBROS DE DICHA POLICIA; LOS CUALES DEBIDO A SU INSTRUCCION MILITAR, MAYOR NUMERO Y MEJOR PERTRECHADOS REDUCEN A LOS PASAJEROS DE LA CAMIONETA FORD...' la afirmación de que los campesinos se encontraban antes de morir puestos para agredir con sus armas de fuego fue totalmente desvirtuada con dictámenes periciales posteriores y con las imágenes del segundo video, y conocido como `Toda la Verdad'.

"Luego, como ya se dijo, es evidente que existió un desmesurado deseo de encubrir a través del engaño.

"Por otra parte, Esteban Mendoza y Gustavo Martínez, nos explicaron que filmaban o fotografiaban los principales acontecimientos políticos de la entidad, afirmando que ellos valoraban qué era lo destacable en un acto y que no. El último filmó lo que le pareció importante, y dejó de filmar cuando se asqueó. El primero afirma que nunca indicó a Martínez qué secuencias filmar y cuáles no. Lo inaudito es que Martínez actualmente está preso y procesado, no por filmar, sino por los delitos de homicidio y lesiones. Nos hizo ver que jamás fue llamado a declarar por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no obstante ello, dijo que dicha Comisión `recomendó' se le procesara -lo cual se hizo-, como probable responsable de los delitos de homicidio y lesiones pertinentes, a pesar del hecho evidente de que filmaba o disparaba, pero no que pudiera simultáneamente, realizar ambas cosas.

"Según nos manifestaron los participantes, Martínez entregó a Mendoza el aparato filmador con sus cartuchos, y éste nos afirmó se los envió a Carlos Carrillo Santillán, ex-director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, por conducto del agente confidencial de Gobernación del Estado, Armando Nieto Espitia, quien le informó que el propio Carrillo se rehusó a recibir las grabaciones, y ordenó se entregaran al titular de Radio y Televisión Oficial del Estado de Guerrero (R.T.G), José Guadalupe Prieto Caracheo, lugar de donde salieron copias para los diversos medios de comunicación. No fue posible a la Comisión aclarar cómo se editó la primera versión del video, y quién llevó a Televisa la versión más amplia que Ricardo Rocha presentó a la opinión pública. Este conductor de programas radiofónicos y televisivos nos afirmó que el cassette que presentó le fue entregado en las oficinas de Televisa, por persona desconocida, para hacerlo llegar al programa que él conduce, y que telefónicamente una mujer insistió en que se recogiera el envío por ser sumamente importante. Que expertos de Televisa examinaron el material y lo consideraron auténtico, razón por la cual se exhibió. No pudo explicar por qué hubo dos versiones -una recortada, y otra más explícita y prolongada-, ni cualquier otra circunstancia indicativa del doble manejo de las versiones videograbadas.

"Todo lo anterior, pone de manifiesto un manejo especial de los acontecimientos. Una forma de conducirse por las altas autoridades del Gobierno de Guerrero para disculpar a éste de los sangrientos acontecimientos y un afán de poner bajo la responsabilidad de los descontentos manifestantes la culpa del masacramiento, cuando hubiere sido más sencillo, reconocer los excesos de sus enviados y los policías que los acompañaron en una misión pacífica de convencimiento; mostrar íntegramente la videograbación, y evitar todo ocultamiento y engaño, sobre todo a sus conciudadanos; aun cuando ello implicara la consignación penal de algunos de sus colaboradores, y no optar, como lo hizo, por tratar de protegerlos como si existiera un compromiso delincuencial.