SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1335/2002-R

La recurrente se ratificó en el contenido de su recurso y lo amplió indicando que suscribió un contrato de anticresis mediante documento privado reconocido, habiendo sido protocolizado por orden judicial, siendo que los Jueces de Instrucción en lo Civil carecen de competencia para ordenar tal protocolización sin que firmen ambas partes el protocolo. Apelada la sentencia, el decreto de radicatoria debió ser notificado en el domicilio establecido en el recurso de apelación señalado en Av. Monseñor Rivero 245, segundo piso, oficina 2 y no en tablero como se hizo, impidiéndole con ello presentar nuevas pruebas o pedir la apertura de término probatorio y de recusar a la Sala. Ahora bien, en el sorteo cursa únicamente la firma del Secretario de Cámara y no la firma del Presidente de Sala que es una formalidad exigida por el art. 74 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), con esta omisión, el Auto de Vista de 31 de julio de 2002 pronunciada por los Vocales recurridos está viciado de nulidad.