SENTENCIA CONSTITUCIONAL 983/2002-R

     En la demanda presentada el 21 de  junio de 2002 (fs. 212 a 215), los recurrentes aducen que la Fiscal recurrida que dirige la investigación abierta contra su representado, perdiendo toda objetividad e imparcialidad, “se ha esforzado en lucirse con declaraciones y actuaciones que están claramente orientadas a conseguir que la opinión pública se forme un concepto prejuicioso” de Jorge Carrasco Jhansen, en contra de lo dispuesto por los arts. 16 CPE y 6 CPP.

Sostienen que la Fiscal, el 19 de junio, ha declarado que prescindirá de la declaración informativa de su poderconferente, lo que demuestra en forma clara la restricción de su defensa material, más aún si se ha limitado al máximo el acceso de médicos especialistas que  examinen al imputado, que teme por su salud y, no obstante el deseo que tiene de declarar, estima que puede verse afectada su ya deteriorada salud con las presiones de la Fiscal y la falta de  control médico.

Finalmente, afirman que la autoridad recurrida pretende acumular el caso de Eliana Carrasco Jahnsen, que se trata de un atentado contra su domicilio y cuyo plazo de la etapa preparatoria se encuentra fenecido y, por ende, extinguida la acción penal,  con el de  María Teresa Guzmán, cuando son  asuntos totalmente diferentes.