SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1094/2002-R

Sucre, 13 de septiembre de 2002

Expediente: 2002-04925-10-RAC

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

En revisión, la Sentencia 41/02 de 24 de julio, cursante a fs. 62 y 63, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Eynarth Roger Tavel Suárez, contra Luis Alberto Zapata Vásquez, Presidente del Tribunal Disciplinario de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), y otros, alegando la vulneración de su derecho a la educación, a adquirir cultura y al principio de presunción de inocencia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del Recurso

I.1.1. Hechos que motivan el Recurso.

En la demanda presentada el 22 de julio de 2002 (fs. 18 a 20), el recurrente aduce que en 1999 ingresó a la ANAPOL, cursando en la presente gestión el cuarto y último año de estudios, en cuyo primer semestre se lastimó la muñeca por lo que acudió a Sanidad en seis oportunidades.

Relata que precisamente cuando tenía lastimada la mano derecha, se presentó el examen físico de barras, en virtud de lo que entregó al Jefe de la misma, la nota de Sanidad, sin que sea tomada en cuenta. Afirma que, por el dolor insoportable que tenía, se sintió asustado al ver que no podía rendir a cabalidad el examen físico de barras, ya que sus antecedentes son los mejores, así como sus méritos y buena conducta, en razón de lo que su compañero Álvaro Saenz Flores, “le ayudó a dar el examen de flexiones” el 24 de abril. Ante eso, el Jefe de Educación Física elevó un informe, y frente al pedido que se les hiciera, tanto él como el mencionado compañero, informaron con la verdad de los hechos.

Continúa manifestando que el Tribunal Disciplinario, sin tomar en cuenta que era su primera falta ni sus antecedentes, por Resolución 007/2002, de 13 de mayo, calificaron su conducta, en forma ilegal, en el inc.N.18 y M.18 del art. 34 del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario de la ANAPOL y lo sancionaron, según el art. 44 inc. 44.3 de dicha normativa, con la baja definitiva sin derecho a reincorporación por haber suplantado un examen físico, lo que fue ratificado por el Consejo Consultivo por Resolución 14/2002 de 23 de mayo, en la que se expresa que, en base a su declaración, existe prueba plena de la referida suplantación; sin embargo -alega- en ningún momento prestó declaración alguna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados.

El actor señala que se han vulnerado sus derechos a recibir instrucción y adquirir cultura.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio.

De acuerdo a lo relatado, plantea recurso de amparo constitucional contra Luis Alberto Zapata Vásquez, Miguel Ángel Rivera Moya, Marco Ibáñez Oblitas, Presidente y Vocales del Tribunal Disciplinario de la ANAPOL; Jorge Acosta Salinas, Alberto Castillo Costa, Raúl Jiménez Sanjinez, Carolina Nemtala Kairala, José Almanza Pérez, Oscar Chávez Rueda y Enrique Nogales Medina, Presidente y Miembros del Consejo Consultivo, solicitando sea declarado procedente, y se ordene su reincorporación al cuarto año de la ANAPOL en la gestión 2003, a objeto de que pueda culminar sus estudios.

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de Amparo Constitucional.

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso.

De fs. 58 al 61 del expediente, cursa el acta de la audiencia pública realizada el 24 de julio de 2002, en la que el recurrente, por medio de su abogado, ratificó y reiteró los términos de su demanda, agregando que se ha violado también el principio de presunción de inocencia al imponerle la máxima sanción sin escucharlo ni seguirle proceso previo.

I.2.2. Informe de los recurridos.

A su turno, el abogado de los recurridos informó lo que a continuación se anota: a) lo que aconteció en el presente caso es que el recurrente se hizo suplantar con un compañero suyo para dar el examen de flexiones en barra, por lo que las autoridades de la ANAPOL, rigiéndose en lo establecido por la Constitución, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus Reglamentos, determinó imponer la sanción de baja definitiva, sin necesidad de instaurar proceso disciplinario alguno; b) el recurrente “demostró poca destreza en todo”, nunca se esforzó por destacarse, y ahora evidencia que es hábil para engañar y manifestar un supuesto impedimento; c) el ex cadete no presentó ningún problema importante de salud durante el primer semestre, solamente escoriaciones en la mano derecha, puesto que si se trata de fracturas, éstas son inmediatamente atendidas por la Clínica Policial, de lo cual se concluye que no existía un impedimento físico para que el actor rinda el examen; d) la ANAPOL no le ha negado a Eynarth Tavel Suárez el derecho a adquirir instrucción sino que ha sancionado una conducta dolosa; e) el Tribunal Disciplinario estaba legalmente constituido para ejercer sus funciones. Pidieron se declare improcedente el Recurso.

I.2.3. Resolución.

La Sentencia 41/02 de 24 de julio, cursante a fs. 62 y 63, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declara IMPROCEDENTE el recurso, con estos fundamentos: 1) la Institución policial, a tiempo de pronunciarse sobre la conducta del ahora recurrente, ha dado correcta aplicación al Reglamento, que orienta la disciplina en la Academia Nacional de Policías, y precisamente de la revisión de los artículos citados por las autoridades recurridas, este Tribunal concluye que evidentemente se aplicó el art. 34 numeral M.18 del Reglamento y actuó dicho Tribunal dentro de los alcances previstos por el Título Tercero del Régimen Disciplinario; 2) el estudiante Eynarth Roger Tavel Suárez, no tenía un rendimiento adecuado; 3) no se ha acreditado la supuesta constitución ilegal del Tribunal Disciplinario y del Consejo Consultivo, alegada por el recurrente; 4) no se violó el derecho a la defensa del actor.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1. Mediante nota de 5 de mayo de 2002 (fs. 34), el Instructor de la ANAPOL, José Freddy Murillo Mérida, comunicó al Jefe del Departamento de Educación Física, que en 24 de abril, cuando se realizaba la evaluación del segundo parcial al Cuarto Curso “B” en la prueba de brazos, se nombró al cadete Tavel para que realizara la prueba, y en su lugar se presentó el cadete Freddy Álvaro Saenz Flores, quien rindió el examen.

II.2. En el informe de 29 de abril (fs. 50), dirigido al Comandante del Batallón, Eynarth Roger Tavel Suárez, admite haber sido “ayudado” por Freddy Álvaro Saenz Flores en la prueba de educación física, el mismo que en el informe presentado por su parte (fs. 51), aduce que, luego de mucha insistencia, efectuó el examen del ahora recurrente.

II.3 El Tribunal Disciplinario de la ANAPOL, por Resolución 007/2002, de 13 de mayo (fs. 3 a 5), resolvió sancionar a Eynarth Roger Tavel Suárez y Freddy Álvaro Saenz Flores, con baja definitiva del Instituto, sin derecho a reincorporación, al primero, y con la postergación de un año, al segundo, por existir en su contra prueba plena de haber incurrido en lo dispuesto en el Título II, Capítulo IX, art. 34 inciso N.18 y M.18, respectivamente, del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario, de conformidad a lo establecido por los artículos 44 inciso 44.3 y 44.2 del mismo Reglamento.

II.4. El Consejo Consultivo de la referida Academia, a través de la Resolución 14/2002 de 23 de mayo (fs. 6 a 8), confirmó la sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario por Resolución 007/2002.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes.

III.2. El presente recurso ha sido planteado por el actor alegando que: a) los recurridos, al determinar su baja definitiva de la ANAPOL, han aplicado en forma ilegal las normas del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario de la Institución, y le han impuesto una sanción que no corresponde; b) el Tribunal Disciplinario y el Consejo Consultivo no estuvieron constituidos de acuerdo a normas legales para imponerle la sanción; c) se ha vulnerando su derecho a la educación y adquirir cultura y el principio de presunción de inocencia.

III.3. El nuevo Sistema Educativo Policial ha sido aprobado por Resolución del Comando General de la Policía Nacional 370/95 de 4 de diciembre de 1995 y posteriormente, por Resolución Suprema 216603 de 25 de enero de 1996. Este Sistema crea la Facultad de Ciencias Policiales, con sus niveles de: Formación, compuesto por el Centro de Formación y Capacitación Policial (CEFOCAP) y la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) y su nivel de post grado, conformado por la Escuela de Especialización y la Escuela Superior de Policías, con sus Cursos de Administración y Estado Mayor y el Curso Comando y Alta Dirección.

Dicho Sistema es el conjunto de principios, normas, condiciones y criterios académicos que dirigen, coordinan y regulan las actividades de las unidades de educación superior de la Policía Nacional. Tiene su propia estructura organizacional, dependiendo del Comando General de la Policía Nacional, luego se encuentra la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, de la que dependen los Departamentos Nacionales Académico, de Investigación y Planificación, de Evaluación y Supervisión, y Administrativo. El Instituto Superior de Ciencias Policiales depende de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, y de él dependen el Centro de Formación y Capacitación Policial, la Academia Nacional de Policías y la Escuela Superior de Policías.

El Capítulo Tercero del Título Quinto del S.E.P. se refiere a la remoción de los aspirantes a policías del Centro de Formación y Capacitación Policial, de los caballeros cadetes y de los Jefes, Oficiales, Clases y Policías alumnos, determinando en su art. 83 que las Direcciones de los diferentes institutos del S.E.P., sobre la base de su Reglamento de Régimen Interno, podrán determinar el retiro de cualquiera de los Jefes, Oficiales y Policías alumnos, que en el transcurso del semestre hubieren cometido faltas graves o conducta reiterativa en indisciplina, negligencia o cualquier acto que transgreda las disposiciones normativas institucionales.

III.4. El Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario, aprobado por Resolución del Comando General de la Policía Nacional 475/94 de 28 de diciembre de 1994, en su art. 34 enumera las faltas gravísimas o de tercer grado, cuyo inciso “B”-N.18 -por la que fue sancionado el recurrente- indica: “engañar durante los exámenes, copiando las respuestas o utilizando cualquier medio de fraude”. El inciso “B”-M.18 del mismo art. 34, establece como falta gravísima “suplantar jerarquía como superior”, siendo ésta la conducta por la que fué sancionado Freddy Álvaro Saenz Flores.

Según el art. 44.3 del citado Reglamento, la sanción de las faltas tipificadas en el art. 34 incisos N.1 al N.24, consiste en la baja definitiva sin derecho a reincorporación.

El art. 46 dispone que “Todo cadete que cometa faltas tipificadas como graves y/o gravísimas y se trate de hechos comprobados flagrantes, mediante Resolución del Tribunal Disciplinario y sin lugar a proceso, se aplicará la sanción que corresponda”.

III.5. Sin embargo, el art. 54-a) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional establece que un derecho fundamental del policía es el referido a no ser retirado de la Institución, salvo que se le compruebe la comisión de un delito en proceso contradictorio; las infracciones a las leyes y reglamentos institucionales, determinan la organización de proceso disciplinario, y en su caso, la sanción correspondiente.

III.6. En el caso que se analiza, el recurrente ha merecido la sanción de baja definitiva de la ANAPOL sin derecho a reincorporación, dispuesta por el tribunal Disciplinario y el Consejo Consultivo de dicha Institución, sin que se haya instaurado previamente un proceso en su contra, lo cual vulnera su derecho al debido proceso, a la defensa y el principio de presunción de inocencia, contenidos en el art. 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), puesto que debe darse preferente aplicación a lo dispuesto por esta norma constitucional y las disposiciones anotadas de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que tienen mayor jerarquía jurídica que el Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario -que es el que establece la imposición de sanciones a las faltas graves y gravísimas sin previo proceso- todo ello conforme lo determina el art. 228 de la Ley Suprema del país, lo cual acarrea la necesidad de otorgar la tutela que busca el recurrente.

En ese sentido lo han declarado las SSCC 825/2000-R, 1222/2001-R, 432/2002-R, 664/2002-R.

III.7. Por otra parte, el art. 118, contenido en el Capítulo XXVI del Título III. referente a la Organización, Jurisdicción y Competencia de los Consejos Consultivos y Tribunales Disciplinarios, del Reglamento de Régimen Interno de la ANAPOL, aprobado por Resolución del Comando General de la Policía Nacional 475-94, de 28 de diciembre de 1995, determina que el Consejo Consultivo se constituye en Tribunal Disciplinario de Apelación en los casos en que el Tribunal Disciplinario de Primera Instancia eleve obrados en un proceso, o que el cadete interesado decida apelar algún fallo. El consejo Consultivo, en su condición de Tribunal de Apelación, tiene la facultad de confirmar, revocar o anular la sanción disciplinaria impuesta al procesado por el Tribunal de Primera Instancia, y su procedimiento se regirá por las normas prescritas en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Policía Nacional, estando establecidas sus atribuciones y funciones generales en el Reglamento de Funciones del Instituto, y su organización, en el art. 59 del Reglamento de Evaluación del Comportamiento.

El Tribunal Disciplinario indicado, según lo manifiesta el art. 120 del Reglamento de Régimen Interno de la ANAPOL, esta organizado de acuerdo al art. 58 del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y tiene como atribuciones procesar y sancionar en primera instancia a los brigadieres, cadetes y aspirantes que son sometidos a proceso por los reglamentos del Instituto; elevar en grado de apelación al Consejo Consultivo las Resoluciones emitidas, y conocer en grado de apelación los autos emitidos por tribunales sumariantes. El art. 121 establece que, cuando el caso lo requiera, el Tribunal Sumariante tendrá por objeto y finalidad investigar todo hecho que constituya falta, así como acumular todos los elementos de juicio para el procesamiento y sanción por los organismos competentes, elevando obrados al Tribunal Disciplinario con el respectivo Auto.

III.8. En el marco de las normas estudiadas del citado Reglamento de Régimen Interno de la ANAPOL, el caso del cadete Eynarth Roger Tavel Suárez debió ser tratado en un proceso, encomendando en primer término al Tribunal Sumariante, la investigación de la supuesta falta, así como la recopilación de pruebas para que el Tribunal Disciplinario inicie el proceso propiamente dicho, en el que se debe dar oportunidad al procesado, de presentar los descargos que estime convenientes a su defensa, y apelar del fallo de primera instancia si considera que le agravia en sus intereses. Contrariamente a esas normas reglamentarias, no se le permitió al recurrente presentar prueba alguna, ni se recibió su declaración, basándose para aplicar la sanción, simplemente en el -escueto- informe escrito que presentó ante el Comandante del Batallón, además que no se le dio la oportunidad de apelar, pues no se evidencia en el expediente remitido a este Tribunal el planteamiento de ese recurso así como tampoco la Resolución del Consejo Consultivo se refiere al mismo, de lo que se infiere que nunca se formuló, habiendo remitido obrados de oficio el Tribunal Disciplinario a aquel Consejo, extremos que corroboran la procedencia del presente amparo, más aún si se considera que la Resolución 007/2002 dictada por el Tribunal Disciplinario, no cuenta con las firmas del Fiscal (Comandante de Compañía en grado de Capitán), ni del Auditor (Asesor Jurídico del Instituto), que conforman ese cuerpo colegiado, al tenor del art. 58 del Reglamento de Evaluación del Comportamiento y Régimen Disciplinario, por lo que dicho Tribunal no habría sido constituido en forma legal.

La Resolución 14/2002 del Consejo Consultivo tampoco cuenta con las firmas necesarias, porque según el art. 59 del aludido Reglamento, debe estar compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y siete Vocales, constando en la literal de fs. 6 a 8, solamente la firma de tres Vocales, la Asesora Psicológica y el Asesor Jurídico.

III.9. Es menester expresar que para la imposición de la sanción contra Eynarth Roger Tavel Suárez -que, como se tiene evidenciado, fue ilegal- no puede tomarse en consideración su supuesto mal desempeño general como estudiante o caballero cadete, toda vez que deberá examinarse exclusivamente la supuesta falta cometida, con lo que se desvirtúa lo afirmado por el Tribunal de amparo en la sentencia que se revisa, resumido en el inciso 2) del numeral I.2.3. del presente fallo.

III.10. Del análisis efectuado, se concluye que la Corte de Amparo, al haber declarado improcedente el recurso, no ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19-IV, 120-7ª) CPE 7.8ª) y 102-V de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos, REVOCA la Sentencia 41/02 de 24 de julio, cursante a fs. 62 y 63, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz y declara PROCEDENTE el recurso, disponiendo la reincorporación del recurrente Eynarth Roger Tavel Suárez a la Academia Nacional de Policías y la instauración y sustanciación de un proceso disciplinario en resguardo de su garantía del debido proceso.

No interviene el magistrado Dr. Willman Durán Ribera por estar en uso de su vacación anual.

Regístrese, devuélvase y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán Presidente Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas Magistrada Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto Magistrado Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez Magistrado Fdo. Dr. Rolando Roca Aguilera MAGISTRADO