SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1635/2003-R

En el presente amparo el recurrente arguye que las autoridades judiciales recurridas al rechazar en primera instancia y en apelación sin fundamentación legal alguna, la incautación de 80 toneladas de óxido de calcio, en cuya posesión se encontraban ilegalmente los imputados Eugenio Pairo Quispe, Nestor Pairo Quispe y Hugo Ovico Campos Mamani -quienes no tenían, ni tienen ninguna autorización de la Dirección General de Sustancias Controladas- quebrantaron los derechos a la salud, a la seguridad jurídica de la sociedad y el derecho a la fiscalización y control sobre sustancias controladas. En ese sentido, corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.