SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1666/2003- R

Que, en su condición de Contadora General, con título en provisión nacional, venía ejerciendo el cargo de contadora regional de la Caja de Salud de la Banca Privada de la ciudad de Santa Cruz, (eventualmente, ejerció el cargo de Administradora Regional interina), que accedió por invitación directa de la Gerencia. Que, lamentablemente, recibió el memorando 68/03 de 6 de junio, suscrito por Luís Fernando Ramírez y Daniel Rollano, Sub Administrador y Jefe de Personal de la Caja de Salud, por el cuál le suspendieron de sus labores sin goce de haberes, hasta mientras dure un proceso de cuantificación por auditoria interna y supuesta apropiación indebida de fondos, se constituya un tribunal sumariante y concluya el proceso administrativo interno, pese a que se sabía que el único autor intelectual y material de las irregularidades denunciadas fue Wilman Gutiérrez Saldías, Cajero de la Regional, que había fallecido, habiéndose organizado un proceso administrativo interno en su contra, por un tribunal sumariante que se encontraba indebidamente conformado con la participación del Gerente de Seguros Generales, en lugar del Jefe de Personal conforme establece las normas que regulan el mismo y que incluso en su declaración informativa se hizo constar que ella era “ex encargada del área de seguros”.

Que, estas determinaciones constituyen actos ilegales, al desconocer los derechos de presunción de inocencia y debido proceso, consagrados en las normas del art. 16.I y IV CPE, por cuando sin haber iniciado un proceso administrativo en su contra se le ha suspendido sin goce de haberes, implicando ésta una sanción antes de inicio del mismo, quebrantando con esto la norma prevista por en el art. 12 del Reglamento Interno de Personal aprobado por Resolución Secretarial 219/97 de 27 de mayo, como también, se ha infringido, la norma prevista por el art. 8 del Reglamento Básico de Sumario Administrativo, aprobado por las Resoluciones Administrativas 03-051-87 de 23 de septiembre y 03-014-90 de 20 de marzo, que establecen el procedimiento inexcusable para la conformación del tribunal sumariante, que no se siguió en el caso presente, puesto que pese a que dichas normas exigen la participación en el Tribunal sumariante del Jefe de Personal, esté no fue incluido en el que ahora se tramita en su contra, por lo que al ver vulnerados sus derechos fundamentales interpone recurso de amparo constitucional.