SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1836/2003-R

III.4   En relación a la denuncia formulada en relación a la excesiva demora en la resolución de la excepción de prescripción planteada que a juicio del recurrente  conculca el principio procesal de  celeridad,  entendido como el derecho del o los imputados de ser juzgados en un tiempo razonable y consagrado por el art. 116. X) CPE, es necesario señalar,  que si bien es cierto, que la solicitud de excepción de prescripción,  planteada en 10 de mayo de 2002 y apelada  el 24 de julio del mismo año, fue resuelta recién por el Tribunal de honor del CONALAB en 21 de abril de 2003, no es menos cierto,  que en los  nueve meses que demoró el  Tribunal de Apelación en pronunciar la resolución, el recurrente no formuló reclamo alguno, convalidando por pasiva esta demora injustificada. El Tribunal Constitucional, refiriéndose a la diligencia y rol que debe mantener todo sujeto procesal que tenga la calidad de imputado o procesado, ha dejado establecido, de manera clara la línea jurisprudencial, que enseña, que si bien el director del proceso, vale decir, el juez es quien tiene la obligación de velar por que el proceso se lleve conforme a ley, no es menos cierto, que también ha dicho que el sujeto procesal tiene el deber de realizar el seguimiento debido a su proceso; por cuanto, el hecho de que el juez tenga la obligación de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios  de nulidad y otorgar el impulso procesal, no implica que las partes del proceso tengan un rol pasivo y se limiten a ser simples observadores o receptores de las actuaciones procesales, ya que su participación  también es activa, de modo que cada parte se convierte en contralor de los actos del juez. similar razonamiento encontramos en las SSCC 1124/2003-R, 0202/2003-R y 0961/2003-R, -entre muchas otras-. De donde resulta,  que el tribunal  de amparo no puede corregir errores o negligencias de los actores dentro de cualquier proceso.