SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0255/2003-R

En la demanda presentada el 21 de noviembre de 2002 (fs. 180 a 185), el recurrente aduce que el proceso penal administrativo por contrabando de nueve lingotes de oro, seguido en su contra, es ilegal porque el Auto Inicial del proceso de 31 de julio de 1998 no le fue notificado nunca, no fue emplazado ni citado en forma legal como se dispuso por SC 315/2000-R de 6 de abril, y el Auto Administrativo 27/2000, pronunciado por el Gerente Regional de la Aduana La Paz, y en mérito a que se dispuso su citación por edictos sobre la base de una representación falsa del Oficial de Diligencias que afirmó que no encontró su domicilio.

Explica que los edictos no reúnen los requisitos que establece el art. 106-6), 7) y 8) del Código de Procedimiento Penal abrogado (CPP.1972), aplicable al caso de autos por mandato del art. 265 de la Ley General de Aduanas (LGA), siendo nulos según el art. 102-2) CPP.1972, más aún los edictos a su ex-apoderada, que no es parte en el proceso. Asimismo -dice- es nula la Resolución Administrativa LAPLI-RA-03-00133-02 de 25 de marzo de 2002, que declaró probada la acción de contrabando, pues no fue sometido a un debido proceso.

Añade que  por Auto de 11 de octubre de 2002 se rechazó su solicitud de nulidad de obrados, con el argumento de que la Resolución Administrativa  mencionada estaría ejecutoriada, aspecto que le impide acudir al recurso jerárquico y al proceso contencioso tributario que le franquea el Código Tributario (CTb).