SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0135/2004

Señala que COMIBOL es una empresa pública con personalidad jurídica reconocida por las normas previstas por los arts. 138 de la Constitución Política del Estado (CPE), 1 del DS 3196 de 2 de octubre de 1952 elevado a rango de ley por el apartado A del art. 1 de la Ley de 29 de octubre de 1956, y por el art. 91 del Código de minería (CM).

Manifiesta que las RRMM 342/04 de 9 de julio y 345/04 de 13 de julio del Ministerio de Trabajo y Microempresa, reconocen antigüedad a ex trabajadores de COMIBOL e instruyen imperativamente a la empresa “realice el pago de aportes devengados a la seguridad social de los ex trabajadores: Valeriano Justino López Cadima, Serafín Salvatierra Medina y Félix Condarco Quispe, por el tiempo de su despido debido a causas político sindicales” (sic.), usurpando la función jurisdiccional de la judicatura laboral, pues la función del poder ejecutivo y por tanto del Ministro recurrido como componente de éste, no puede alterar ni definir derechos, de acuerdo a las normas previstas por el art. 96.1ª de la CPE; y la función administrativa de COMIBOL, ya que por un lado el Ministerio de Trabajo no tiene tuición sobre COMIBOL pues las normas previstas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y por el art. 30 del DS 24855 reglamentario a la mencionada Ley, le reconocen sólo funciones administrativas, por lo que actuó fuera del límite de sus funciones; y por otro lesionando el principio de separación de poderes, pues sólo tiene funciones administrativas y ninguna jurisdiccional, ya que las controversias laborales deben ser resueltas por la vía instaurada por las normas previstas en los arts. 8 y 9 del Código procesal del trabajo (CPT) y 105 a 113 de la Ley General del Trabajo (LGT), ante la judicatura laboral o ante tribunales arbitrales que adquiere función jurisdiccional, por ello el reconocimiento que realizan las Resoluciones impugnadas precisan de un juicio laboral, en consecuencia usurpan la función reservada a la judicatura laboral de acuerdo a los preceptos del art. 161 de la CPE, 8 y 9 del CPT, 107 y 152 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) y 105 a 113 de la LGT, señalando como precedente las SSCC 6/99 de 13 de septiembre, 41/2000 de 28 de junio y 73/2000 de 5 de octubre; por lo que caen en la previsión de los preceptos del art. 31 de la CPE.