SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0012/2004

            El mismo fallo constitucional 72/2003, con relación a las facultades del Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, señala que no obstante que el art. 157 inc. B).3. de la Ley de Organización Judicial (LOJ) le reconoce entre sus atribuciones la de “Ejecutar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada pronunciadas en materia contencioso-tributaria, conforme al Código Tributario”, “no tiene competencia para, en ejecución de sentencia, proceder al cobro coactivo de un adeudo tributario, que cuente con fallos judiciales ejecutoriados que reconozcan su exigibilidad, toda vez que la norma aludida no encuentra coherencia alguna con el sistema de fiscalización y recaudación de tributos ni con la ejecución de los adeudos líquidos y exigibles, por lo que en tal contexto, debe entenderse que la atribución de ejecutar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada a que se refiere el art. 157 inc. B).3. LOJ, se limita a los casos en los que la demanda contencioso-tributaria, en caso de seguirse la vía judicial, se declara probada: en consecuencia, la sentencia con calidad de cosa juzgada que favorece al contribuyente, debe ser ejecutada por la autoridad que la pronunció, es decir por el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario”.  Este criterio se basa en el precedente jurisprudencial contenido en la SC 0052/2003, que afirma: