SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0254/2004-R

Cuando Milder Rubén Arzadum Monzón se aprestaba a cerrar su tienda a hrs. 7:00 p.m. del 9 de diciembre de 2003, agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y el representante del Ministerio Público, en hora inhábil y portando una orden de allanamiento emitida por el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, que no tenía dirección ni motivo que la justifique -solicitada por el Fiscal en base a una denuncia anónima por teléfono- ingresaron a dicha tienda y requisaron todo el inmueble y, el Fiscal, sin que haya citación, delito específico denunciado o flagrancia, dispuso que se lo conduzca a dependencias de la PTJ para que preste su declaración que la hizo en presencia de un Abogado de Defensa Pública sin contar con uno contratado por él, ordenándose finalmente su detención, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia por cuanto la única autoridad competente para determinar medidas restrictivas de libertad es la autoridad jurisdiccional en tanto que la aprehensión dispuesta por el Fiscal no puede sobrepasar las 24 horas que no ocurre en su caso porque está detenido más de 40 horas.