SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0684/2004-R

Fueron contratados por el SNC, para trabajar en la Comisión Liquidadora del Proyecto de Pavimentación del camino Santa Cruz- Trinidad, hasta la  conclusión de la liquidación, con las responsabilidades de los contratos que suscribieron; empero, sin darles ninguna explicación, el contratante a partir del mes de junio de 2003, suspendió el pago de sueldos y salarios y otras obligaciones, por ello solicitaron varias veces que se reconsidere esta medida, solicitud que no mereció respuesta, por lo que  finalmente se dirigieron al Presidente del SNC, así como denunciaron ante la Dirección Departamental del Trabajo la falta de pago de aguinaldo, no obstante la conminatoria expedida contra el indicado Presidente del SNC, para que disponga ese pago, éste  hizo caso omiso.

Avalando esos actos ilegales, emitieron la Resolución “Directorial” 001/2004, por la que nombraron una Comisión Interventora y para ello el Viceministro de Transporte a.i. recurrido emitió el memorando 001/04 de 23 de enero, por su parte los interventores el 26 del mismo mes allanaron las oficinas y colocaron nuevos candados impidiéndoles el ingreso a sus oficinas. Luego los recurridos, emitieron la Resolución “Directorial” 002/04 de 23 de enero, mediante la cual los destituyeron sin pronunciarse sobre el pago de sus sueldos, aguinaldos y otros beneficios devengados.

Consideran que estos hechos y actos ilegales tanto de los autores intelectuales, que enviaron la documentación mediante fax, como de los autores materiales, que allanaron sus oficinas, se constituyen en una represalia, debido a que el recurrente, Ángel Chávez Coimbra, Jefe de la Comisión Liquidadora, en un acto de valor y en defensa de los de bienes del Estado, el 15 de enero de 2004, envió oficios al Presidente de la República y a la Delegada Presidencial de Lucha contra la Corrupción, haciéndoles conocer las irregularidades que se cometieron y se siguen cometiendo en el SNC y que tienen el objetivo de burlar el pago de sueldos, aguinaldos devengados y otros beneficios sociales establecidos por ley.