SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1172/2004-R

III.5.  Posteriormente, el BNB, a través de sus representantes legales, interpuso el proceso contencioso administrativo, cuyo trámite se desarrolló en la Sala Segunda del Tribunal Agrario Nacional, aplicando las normas previstas en el art. 781 del CPC, por mandato del art. 78 de la LSNRA, no advirtiéndose actos u omisiones que atenten contra los derechos fundamentales y garantías constitucionales del recurrente, durante la tramitación del proceso, ni en la Sentencia Agraria Nacional 040/2003, que confirmó la Resolución Administrativa RA-ST-0076/2003, pronunciada por el Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, fallo emitido dentro de los plazos previstos por Ley, y en base a los elementos de juicio aportados al momento de sustanciarse el correspondiente proceso. Es necesario recordar que al conocer y resolver una acción de amparo, no corresponde a la jurisdicción constitucional valorar la prueba producida dentro de la sustanciación de un proceso judicial, puesto que es una facultad privativa de los órganos jurisdiccionales; así lo entiende la SSCC 1223/2002-R, 1358/2003-R, 1062/2003-R, entre otras.

Consiguientemente, dentro del marco conceptual anteriormente citado, realizando el respectivo contraste con los derechos y garantías supuestamente lesionados, se concluye que la Sentencia Agraria Nacional 040/2003, no lesiona el derecho al trabajo proclamado por el art. inc. d) de la CPE, toda vez que no impide que el BNB S.A., continúe con las actividades desarrolladas en la propiedad agraria denominada “Parabano”. En consecuencia, habiéndose establecido, que tanto el trámite de saneamiento, como el proceso contencioso administrativo, se han tramitado de acuerdo a las normas jurídicas anteriormente glosadas, sin que se advierta la violación de derechos y garantías invocados por el recurrente, la tutela que brinda el amparo constitucional es improcedente.