SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1298/2005-R

“(…) cuando se trata de procesos en cualquier materia, el agraviado debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida-, se resolverá definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en esta jurisdicción si se presentare amparo” (las negrillas son nuestras).

Igual entendimiento se aplica en relación al argüido derecho de petición, por cuanto se evidencia que el Director de la ANAPOL ha dado respuesta -aunque negativa- a las solicitudes de los recurrentes; lo que no se  constata respecto de los pedidos presentados ante el Comandante General de la Policía Nacional que no respondió los pedidos que le formularon, sin que pueda declararse procedente el amparo por ese motivo al no haberse dirigido  el recurso  en su contra.