SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1302/2005-R

Por memorial presentado en 10 de agosto de 2005 (fs. 1 a 3), la recurrente en representación de Warnes Ochoa Quispe, expresa que su representado fue detenido el 22 de mayo de 2004 por mandamiento de “aprehensión” expedido por la recurrida dentro de una demanda de asistencia familiar, encontrándose a la fecha privado de su libertad. Aduce que al encontrarse los obrados en archivo, por memorial de 13 de julio de “2004” solicitó el desarchivo; sin embargo, el mencionado memorial no fue recibido aduciendo que debía ser presentado personalmente por el demandado a sabiendas que era imposible por cuanto su  representado se encontraba recluido, es más su representado no podía ser asistido por Defensa Pública por no tratarse de un proceso penal y además porque el memorial no acompañaba timbres.

Sostiene que ante la negativa, por memorial de 25 de julio del año en curso, acompañando el respectivo certificado de permanencia de su representado, solicitó libertad bajo fianza juratoria, el mismo que fue recibido ante el anuncio de presentar recurso constitucional y en su caso la queja formal respectiva, empero desde el 28 de julio de 2005, fecha del cargo de recepción y no obstante sus constantes reclamos no se le notificó con ningún actuado, recibiendo como respuesta que el memorial se encuentra en despacho, efectuando la última petición para que se le responda, el día de hoy, fecha de presentación de este recurso.

Alega que de acuerdo al art. 202 del Código de procedimiento civil (CPC), los jueces deben dictar sus providencias dentro de las veinticuatro horas de presentadas las peticiones de las partes, siendo obvio que en el presente, la autoridad ha sobrepasado ese tiempo, a más de existir amplia jurisprudencia constitucional que determina que las solicitudes inherentes a la libertad de las personas deben tramitarse en ese término.