SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1303/2005-R

III.1. En forma previa a resolver el problema planteado, corresponde recordar que el amparo constitucional no está configurado como una instancia procesal de revisión de las resoluciones pronunciadas dentro de los procesos ordinarios o administrativos que el ordenamiento jurídico prevé, pues no es una instancia que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que esta acción tutelar se encuentra abierta respecto a los actos u omisiones que lesionan derechos y garantías fundamentales, pero de ningún modo se activa para analizar el fondo del proceso. En razón de ello, esta jurisdicción no puede cual pretende el recurrente, analizar la legalidad o ilegalidad de la no admisión de prueba, de la misma manera las resoluciones que contradictoriamente se hubiesen basado en la insuficiencia de pruebas, ya que para considerar  inexcusablemente tendría que compulsarse y valorarse las pruebas aportadas en el proceso, facultad que corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, excepto en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 227/2004-R, 294/2003-R y complementada por la SC 0873/2004-R, de 8 de junio, en la que se expresó que: “(...) en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución (…)”.

         Dentro de esa perspectiva la SC 0023/2004-R, de 7 de enero, determinó que: " en primer término las autoridades judiciales de la justicia ordinaria, deben otorgar a los litigantes la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por ello les corresponde apreciar y valorar de la manera más certera posible el material probatorio que consta dentro del proceso, sobre la base  del  cual  formará  convicción  y  fundará  su decisión, inspirándose en los principios de la sana crítica; esa atribución de las autoridades de la jurisdicción  ordinaria  de  valoración  de  la  prueba,  no  puede ser revisada ni desconocida por esta jurisdicción constitucional, la que no se constituye en una instancia adicional a la ordinaria, a través de la cual se pase a determinar si la valoración fue realizada de manera correcta o incorrecta, pues de así hacerlo se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción”. Razonamiento que parte de lo expresado en las SSCC 1366/2003-R, 1358/2003-R, 1333/2003-R, en las que se manifestó: "En consecuencia, una aparente, inadecuada o incorrecta valoración de la prueba, como arguye el recurrente, no puede ser calificada como una acción violatoria  de  la  garantía  del  debido  proceso;  pues habrá de recordar que la valoración y compulsa de la prueba corresponde exclusivamente a los jueces que  conocen  a  causa  en  sus diferentes  instancias, facultad  que  debe  ser