SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1567/2005-R

III.2. Con relación a la actuación negligente del defensor de oficio, tanto en la etapa de la instrucción como del plenario, la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 0313/2002-R, 0446/2002-R, 0546/2002-R, 1080/2002-R, 1569/2002-R, 0311/2003-R y 1266/2003-R -entre otras-, ha señalado que: “ la Constitución Política del Estado establece que `Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal` (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición de toda sanción sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los párrafos II y III del mismo precepto, el legislador ha creado la figura del defensor de oficio, para los casos en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvia la asignación de un defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad legal que tal acto implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme a esto, toda sanción de índole penal impuesta, sin la observancia de las reglas anteriores `se tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado` (art. 1 párrafo segundo del CPP.1972). En el mismo sentido, las SSCC 1490/2003-R y 1790/2003-R, determinaron que la falta de apelación de la sentencia condenatoria por parte del defensor de oficio, constituye actuación negligente que vulnera el derecho a la defensa del declarado rebelde. Así en la SC 1790/2003-R, de 5 de diciembre, se determinó lo que sigue: `No obstante lo expresado, se evidencia el actuar negligente del defensor oficial al no haber apelado de la sentencia condenatoria, permitiendo así se ejecutoríe la misma, privándole de esta manera al representado por el recurrente del derecho de recurrir, como lo establece al jurisprudencia constitucional en sus fallos uniformes como en la SC 925/2001-R al indicar: “el derecho a recurrir de un fallo, ante el juez o tribunal superior, es universalmente reconocido y así lo establece el art. 8, inciso h) de la Convención Americana sobre derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, derecho inviolable del que la persona no puede ser privada por formalismos procesales”.