SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0430/2005-R

III.1. En principio corresponde señalar que este Tribunal, desde la perspectiva constitucional, ha entendido al derecho a la seguridad jurídica,  a través de su jurisprudencia, como "la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio"; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la resolución" (SC 0753/2003-R, de 4 de junio).