SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0585/2005-R

El recurrente solicita tutela a sus derechos a la propiedad privada y a la seguridad jurídica, consagrados en los arts. 7 incs. a) e i) con relación al art. 22 de la CPE, que señala han sido vulnerados por las autoridades recurridas, puesto que dentro de la acción ordinaria de usucapión que siguieron su hermano y esposa sobre un terreno que era de su propiedad, éstos apelaron la providencia del Juez de primera instancia que dispuso se les extienda testimonio de la piezas procesales del proceso pero no la ejecutoria, apelación que fue resuelta por Auto de Vista de 12 de agosto de 2004, revocando la providencia impugnada y disponiendo que el Juez a quo ordene por Secretaría se extienda el testimonio solicitado, complementando dicha Resolución con el Auto de 27 de agosto de 2004, que dispone que el Juez de instancia franquee el testimonio agregando el certificado de ejecutoria de la sentencia, incurriendo los Vocales con este fallo en incongruencia y contradicción, puesto que ellos mismos confirmaron la Resolución que deniega la posesión de los usucapionistas en el inmueble y con la Resolución ahora impugnada cambian de criterio y ordenan ilegalmente la francatura de testimonios, cuando es de su conocimiento que esos testimonios no pueden servir para inscribir un inexistente derecho de propiedad ya que no se han cumplido todas las formalidades legales y son incompletos por carecer del acta de posesión real y corporal, requisito indispensable para la inscripción en Derechos Reales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del mandante del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.