SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0761/2005-R

III.3. Finalmente, Emiliana Veizaga Galindo, como toda persona dentro de un Estado de Derecho, tiene la facultad de incoar las demandas que estime pertinentes, correspondiendo definir si las mismas son fundadas, probadas o legales, al juzgador o tribunal respectivo, sin que por las pretensiones que tenga y las solicitudes que formule ante la autoridad competente, pueda ser sujeto pasivo de un amparo constitucional, ya que es el juez quien defiere o no lo demandado, constituyendo ésta otra razón que corrobora la improcedencia del recurso (Así, la SC 991/2004-R, de 1 de julio).