SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0831/2005-R

En revisión la Resolución 385 de fs. 234 a 236 pronunciada el 16 de diciembre de 2004 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Sandra Mireya Leaño Torrez y Thelma Isela Escalante Vargas en representación con mandato de Joaquín Antonio Iriarte Castelú, Juez de Instrucción en lo Penal cautelar de la ciudad de Riberalta, provincia Vaca Diez del Distrito Judicial de Beni contra Eduardo Rodríguez Veltzé, María Teresa Rivero de Cusicanqui, Guido Chávez Mendez, Germán Gutiérrez Gantier, Ricardo Pol Achá, Presidente y consejeros de la Judicatura y Norka Fuente Aspiazu, Juez Segundo de Partido de Guayaramerín, Willy Alejandro Vargas Suárez, Juez de Instrucción en lo Penal cautelar de  Guayaramerín y Douglas Añez Vargas, Director del Consejo de la Judicatura del Distrito Judicial de Beni, que conformaron el Tribunal Sumariante, alegando la vulneración de los derechos de su mandante a la seguridad jurídica, al trabajo, a la remuneración, al debido proceso, al juez natural e independiente, a la defensa y a los principios de inmediación, presunción de inocencia, y a no declarar en contra de sí mismo, de celeridad, de interdicción de la arbitrariedad de los funcionarios públicos, previstos en los arts. 7 incs. a), d) y j), 16.I, II y IV, 13, 14, 32 y 116.X de la Constitución Política del Estado (CPE).