SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1076/2005-R

III.3. En la especie, el Juez del interdicto emitió la Sentencia 68/2003, de 18 de marzo  por la que declaró probada la demanda incoada por Pablo Zugel Soruco contra Judith Pessi Rivero Corrales de Niño de Guzman, y dispuso que la demandada restituya el bien dentro de tercero día de la ejecutoria del fallo, bajo apercibimiento de  lanzamiento. Ejecutoriado el Auto de Vista de 11 de junio de 2003, que confirmó la decisión de primer grado, se emitió mandamiento de lanzamiento, pero no pudo ser ejecutado  por la resistencia de los  ocupantes del inmueble y de los vecinos. En una segunda oportunidad, pese a haber desalojado a la recurrente y su familia en forma pacífica, cuando se dejó a dos policías para custodiar el lugar, éstos fueron rebasados y sacados con violencia, con todo lo cual se  evidencia que no se ha  ejecutado lo dispuesto en la  Sentencia.

En ese sentido y tomando en consideración que el interdicto de recobrar la posesión justamente tiene el fin de restituir el inmueble a quien ha demostrado en el proceso haber estado en posesión, lo que ha sido determinado en este caso a través de un fallo plenamente ejecutoriado, el Juez de la causa tiene la obligación de hacer cumplir su determinación, conforme lo manda el art. 514 del CPC, que dispone que: “Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán, sin alterar ni modificar su contenido, por los jueces de primera instancia que hubieren conocido el proceso”,  de modo que el Juez de Instrucción tiene el deber de restituir el  inmueble a favor del demandante y victorioso del interdicto, y a ese efecto deberá mandar ejecutar el mandamiento de desapoderamiento con el necesario apoyo de la fuerza pública, aspecto que demuestra que el Juez de Partido hoy recurrido actuó conforme a ley al revocar el decreto de  22 de julio de 2004 mediante el Auto  de Vista 31/2004, de  3 de noviembre, que se encuentra conforme a derecho, por cuanto -es menester dejar claro- no se trata de una “segunda ejecución” como equivocadamente sostiene la actora, ya que no se  ha logrado entregar el bien  a quien se ha ordenado en Sentencia. Tampoco el Juez ha perdido competencia pues según lo dice la norma adjetiva citada, la autoridad judicial que emitió el fallo de primera instancia debe hacer cumplir y respetar su decisión, extremo que no ha ocurrido aún en la especie.

Finalmente, se debe remarcar que los fallos judiciales deben ser obedecidos, acatados y cumplidos, a cuyo cometido los jueces que los han dictado deben  asumir todas las medidas legales conducentes,  sin que sea admisible en derecho que una Junta Vecinal logre el desconocimiento de una decisión que alcanzó ejecutoria, como ha sucedido en el asunto del que emerge este recurso constitucional.