SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0479/2006-R

En múltiples oportunidades este Tribunal se ha pronunciado respecto a la especial protección, que consagra la Constitución Política del Estado a la mujer en estado de embarazo, norma que ha sido desarrollada en la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, que en su art. 1º establece la inamovilidad en su puesto de trabajo de la mujer en periodo de gestación hasta un año de nacido el hijo, y abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas a la Ley General del Trabajo como a las funcionarias o servidoras públicas, sin exclusión, tengan contratos permanentes o eventuales porque el sentido de la norma es la protección de la maternidad por parte del Estado. En ese sentido la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la mujer embarazada y durante el primer año de lactancia del menor goza del derecho a la estabilidad laboral.

De la misma manera la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que no obstante de que exista un contrato de trabajo a plazo fijo, antes de cuya conclusión la mujer embarazada comunica de su estado a la entidad, y a pesar de ello es despedida al vencimiento del contrato, merece tutela por constituir su despido un acto ilegal y desconocimiento de los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica y social además de contravenir la Ley 975, de 2 de marzo de 1988, habiéndose realizado la modulación correspondiente en estos casos a través de la SSCC 109/2006-R y 305/2006-R, de 29 de marzo.

De ese modo, la situación que arroje cada caso será la determinante para  la procedencia o no del recurso de amparo para evitar la afectación de las condiciones mínimas de la madre y del recién nacido. En este sentido el juez o tribunal constitucional deberá verificar el cumplimiento de algunos de los siguientes elementos que permitan la viabilidad de la protección tutelar para la estabilidad laboral de la mujer embarazada: