SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0157/2007-R

III.1. A efectos de resolver la problemática planteada, resulta necesario recordar que la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que en casos, como el presente, en el que se impugnan actos y resoluciones de las autoridades jurisdiccionales ordinarias, no puede este Tribunal constituirse en otra instancia en los procesos judiciales sustanciados en la jurisdicción ordinaria, pues es una vía extraordinaria para tutelar derechos fundamentales o garantías constitucionales lesionados en forma indebida o ilegal. Así la SC 1124/2003-R, de 13 de agosto, siguiendo el razonamiento expresado, señaló lo siguiente: “(…) el sujeto procesal de un proceso judicial ordinario que se sienta agraviado en tales derechos y garantías puede acudir a esta vía y ante esta jurisdicción, empero no podrá hacerlo para pretender que el juez o tribunal se pronuncie con cierto criterio o el que le resulte favorable, pues respecto a ello, la jurisdicción constitucional no puede emitir ninguna resolución, dado que hacerlo implicaría usurpar la competencia dada única y exclusivamente a la jurisdicción ordinaria”.

            Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha establecido de manera   uniforme que al conocer y resolver una acción de amparo, la jurisdicción       constitucional no revisa la valoración de la prueba realizada en la jurisdicción ordinaria, excepto cuando el juzgador se hubiese apartado de las previsiones   legales que rigen el acto procesal, como de los marcos legales de razonabilidad           y equidad, o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba y su     lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías   constitucionales; toda vez que en principio, no corresponde a la jurisdicción   constitucional valorar la prueba producida dentro de la sustanciación de un       proceso sea judicial o administrativo; por cuanto la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos ordinarios      competentes, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse       sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales   ordinarios, menos, atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba     que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes (SSCC           656/2003-R, 909/2003-R, 998/2003-R, 1070/2003-R y entre otras), excepto,    en los casos en los que la valoración es arbitraria y no obedece a los marcos      legales de razonabilidad y equidad, o exista omisión arbitraria en considerarla.

            ”Consecuentemente, conforme concluyó la SC 1473/2003-R, de 7 de octubre,     'el amparo constitucional no es una instancia procesal y por lo mismo, no        puede equipararse esta acción extraordinaria a un recurso de apelación y       menos, al de casación', lo que implica que la jurisdicción constitucional en       materia de amparo, cuando está referida a denuncias sobre supuestas     violaciones dentro de procesos judiciales, sean ordinarios, penales, civiles o de           cualquier otra naturaleza, sólo puede analizar si dentro del mismo se han vulnerado derechos y garantías fundamentales. En cuyo mérito, bajo ningún   argumento podrá analizarse el criterio del juzgador sobre el contenido o        valoración de la prueba, pues esta función es exclusiva del juzgador ordinario” (SC  0481/2006-R de 22 de mayo).