SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1452/2010-R

Estos actos al margen de la normativa establecida a dicho efecto, bajo la figura de “magnas asambleas”, sin limitación de poderes constituyen medidas de hecho carentes de sustento legal. El recurso de amparo entra a tutelar contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional, por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección, no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias.

Por lo analizado, los actos que asumieron los demandados se constituyen en ilegales y arbitrarios, sin considerar que por mandato expreso de la ley, está prohibido pretender hacer justicia por mano propia, conforme preceptúa el art. 1282 del Código Civil (CC), que recogiendo un principio universal sostiene que: "Nadie puede hacerse justicia por sí mismo, sin incurrir en las sanciones que la Ley establece", vulnerándose de esta manera el derecho a la defensa, dando lugar de igual manera a restricciones en el ejercicio del derecho al trabajo y al ejercicio de la función pública y con mayor razón se concluye que existió vulneración del debido proceso, de acuerdo a todos los antecedentes expuestos ut supra, lo que amerita que se haya dado paso a la apertura al ámbito de la jurisdicción constitucional.