SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1532/2010-R

La recurrente, ahora accionante, señala que las autoridades recurridas, hoy demandadas, vulneraron los derechos de sus representados a la “seguridad jurídica”, a la propiedad y al debido proceso, aduciendo que se realizó el remate sin notificación al acreedor hipotecario Arnoldo Baya Tapia que tenía registrado su gravamen sobre el bien subastado y también porque la Notaria de Fe Pública habría realizado ilegalmente dos remates en la misma fecha y hora. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si tales aseveraciones son ciertas y si dan lugar o no a brindar la tutela solicitada.