SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1681/2010-R

         La línea jurisprudencial precedentemente glosada es igualmente aplicable al caso de autos, en el que el ahora accionante reclama un pago ordenado por el Consejo Universitario mediante Resolución ICU 023-2007 de 26 de abril, por lo que ante el incumplimiento del Rector demandado a dicha determinación derivada de la más alta instancia de Gobierno Universitario, correspondía al accionante acudir ante el propio Consejo Universitario para exigir el fiel y la estricta observancia de la mentada Resolución a través de los mecanismos establecidos al efecto, puesto que dada la subsidiariedad del amparo constitucional, no se puede exigir a través de esta acción tutelar el cumplimiento de decisiones emanadas de otros órganos, pues ello escapa a las atribuciones que tanto el constituyente como el legislador confirieron al Tribunal Constitucional, toda vez que deben ser éstas mismas instancias las que con facultad y competencia propias asignadas por Ley, las que ejecuten y hagan cumplir sus determinaciones, lo contrario desnaturalizaría la esencia del amparo constitucional y restaría eficacia a la función jurisdiccional y administrativa.