SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1787/2010-R

          En ese entendido, el accionante, ante el nuevo pedido de revocatoria de las medidas sustitutivas por el incumplimiento de la fianza modificada en el monto, por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz y que fue deferido por el Juez demandado otorgándole un plazo de diez días más para su efectivización, debe ser resuelto en su caso por las autoridades llamadas por ley y no por este Tribunal, al existir un medio expedito; caso contrario se desvirtuaría la finalidad y los alcances de la acción de amparo constitucional, que es el de precautelar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y no realizar labores de administración de justicia ordinaria. Para mayor ilustración la  SC 0064/2010-R de 30 de abril, a la letra adujo: "…el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, encuentra sustento en la ingeniería constitucional establecida por el constituyente para el órgano judicial, en ese contexto, la jurisdicción ordinaria tiene la finalidad de administrar justicia al amparo del principio de unidad jurisdiccional plasmado en el art. 179.I de la Constitución vigente; por su parte, la justicia constitucional, tiene como misión garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado y la vigencia plena de los Derechos Fundamentales. Lo expresado precedentemente, implica que la justicia ordinaria resuelve conflictos con relevancia social y garantiza así la tan ansiada paz social; asimismo, la justicia constitucional en relación a la primera, es garante de los derechos fundamentales cuando éstos han sido vulnerados en sede judicial ordinaria. El postulado antes señalado tiene gran preponderancia ya que el juez o tribunal ordinario, no es solamente garante de la legalidad, sino que en su función de administrador de justicia, es también garante de derechos fundamentales, por tal razón, solamente en caso de incumplir este rol, puede operar la tutela constitucional, ya que de lo contrario y de no agotarse todos los medios procesales para el resguardo de los mismos en sede jurisdiccional ordinaria, se tendrían justicias con roles paralelos equivocando así el verdadero sentido de la justicia constitucional y ocasionándose incoherencias jurídicas que afecten los cimientos propios de la justicia ordinaria y constitucional" (las negrillas nos pertenecen).