SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2131/2010-R

El recurrente, alega que sus derechos a la igualdad y a la “seguridad jurídica”, la garantía del debido proceso -en cuanto a la legalidad y valoración razonable de la prueba- y el principio de Estado de Derecho, fueron vulnerados por cuanto no se citó, emplazó o notificó a la codeudora con la demanda ejecutiva en su domicilio real, ubicado en el Estado de Connecticut - Estados Unidos, como tampoco, con la intimación de pago, la Sentencia y el Auto de Vista que impugna, a través de edictos publicados en ese país. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.