SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2185/2010-R

Por otro lado, tampoco está presente el segundo presupuesto -absoluto estado de indefensión- que permita activar este medio extraordinario, por el contrario, de la relación de antecedentes se establece en forma incontrastable que tenía conocimiento del proceso penal iniciado en su contra, no otra cosa significa que fue aprehendido en flagrancia, extremo acreditado por la papeleta de denuncia donde los policiales asignados al caso refieren que, el 12 de abril de 1993, Hugo Ernesto Monasterio Suárez ahora accionante y otro, fueron aprehendidos, portando 100 gramos de marihuana, siendo, posteriormente, remitidos a dependencias de Criminalística, cursando la papeleta de detención a fs. 2, y que según sus propias aseveraciones incursas plasmadas en el contenido del recurso estuvo en calidad de detenido preventivo al señalar que: “…luego de haber estado privado de libertad por dos meses en 4 de mayo de 1993 sobre la base de un informe fue enviado al Centro de Rehabilitación 'Arca de Noé' para su rehabilitación” (sic). De donde resulta inadmisible y poco ético que a esta altura, ante un proceso concluido con calidad de cosa juzgada pretenda reclamar una supuesta indefensión absoluta, cuando bien pudo ejercitar su derecho a la defensa en forma amplia e irrestricta, no constituyendo un obstáculo el que haya sido internado en un centro especializado para su rehabilitación, máxime si la misma no duró indefinidamente, prueba de ello es que al no estar ya en el Centro “Arca de Noe” se procedió a notificar por edictos, medio  establecido por ley cuando el obligado no es habido; no teniendo por otro lado, mayor relevancia, aún tomando por ciertas sus manifestaciones, la ausencia de una defensa técnica adecuada por el Defensor de Oficio nombrado, a consecuencia de su declaratoria de rebeldía, en razón de que pudo en causa propia activar los medios legales que tenía a su alcance durante el desarrollo de la litis, y no como en el caso, cómodamente ocurrir a este medio extraordinario cuya finalidad  es la de proteger de modo inmediato el derecho a la libertad,  frente a situaciones que vulneran flagrantemente el mismo y no como pretende el accionante  distorsionar su objetivo y finalidad; y si bien es evidente, que en innumerables fallos esta jurisdicción otorgó la tutela ante la existencia de una inactivación de los Defensores de Oficio en los diferentes procesos penales; ello es permisible cuando el procesado o condenado no ha tenido la oportunidad de asumir defensa, extremo que no se da por todo lo explicado en el caso específico.