SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2291/2010-R
Fecha: 19-Nov-2010
III.4. Aplicación de los Fundamentos Jurídicos esgrimidos, a la pretensión del accionante en su solicitud de tutela constitucional
La problemática en concreto, radica en la resolución “ultra petita” dictada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, conformada por las autoridades demandadas en esta acción tutelar, quienes a momento de resolver el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público contra el Auto de 6 de noviembre de 2008, por el que se concedía la cesación de la detención preventiva a favor de Elena Rocha Mamani, representada del accionante, aplicándole medidas sustitutivas, consideraron además de los agravios expuestos por el Fiscal en la fundamentación del referido recurso, la idoneidad en la prueba aportada para solventar el domicilio cierto de la imputada, incurriendo en valorar “oficiosamente” los medios probatorios y pronunciarse sobre un aspecto no impugnado, en franca vulneración del art. 398 del CPP, cuyo mandato impone a los tribunales de alzada a circunscribir sus resoluciones a los puntos objetados.
Según los argumentos referidos, aducidos por la parte accionante, las autoridades demandadas restringieron la libertad de Elena Rocha Mamani al ordenar que se mantenga su detención preventiva y revocar la Resolución por la que se le impusieron medidas sustitutivas, mismas que no fueron efectivamente cumplidas para cesar la limitación impuesta sobre ese derecho, pero que entrañan su ejercicio absoluto. Y, en base a estos hechos, solicitan la tutela constitucional otorgada por el entonces recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuya pretensión radica también en que se tenga por válido el registro domiciliario de Elena Rocha Mamani y en consecuencia, cumplido el art. 239 inc. 1) del CPP, desvirtuando los motivos que fundaron su detención, se disponga la inmediata libertad de la representada del accionante.
- recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- 1)
- procedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Actuación del Tribunal Constitucional en sujeción a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de la acción de libertad: Su triple carácter tutelar
- Fragmento 16
- “accionante”
- ordenar la tutela
- III.3. Sobre las medidas cautelares de carácter personal y la competencia de los tribunales de alzada para pronunciarse sobre su aplicación
- no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda vez que, en estos casos, (…), los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP
- sin perjuicio de que, como quedó expresado precedentemente, puedan pronunciarse sobre la existencia de los presupuestos señalados en el art. 233 del CPP, en caso de imponer a los recurrentes la detención preventiva
- De ocurrir esta situación en los casos en que el procesado sea el apelante, se podría ocasionar perjuicio al imputado apelante, cuando se ingresa a analizar supuestos que podrían perjudicarle y que no fueron objeto de apelación, lo que supondría la vulneración de la regla de la prohibición de la reforma en perjuicio o reformatio in peius, prevista en el art. 400 del CPP, aplicable a cuestiones vinculadas con la libertad
- es así que dentro de un recurso de hábeas corpus sólo puede procederse a la revisión de ese análisis cuando el juzgador se aparte de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, caso contrario, no puede intervenir para dejar sin efecto la Resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba, en ese sentido (…) deben darse determinadas condiciones para que este Tribunal entre a valorar la prueba
- III.4. Aplicación de los Fundamentos Jurídicos esgrimidos, a la pretensión del accionante en su solicitud de tutela constitucional
- III.4.1. Sobre el accionar de las autoridades demandadas, como Tribunal de alzada
- III.4.2. Sobre la pretensión del accionante, respecto a la libertad de su representada
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