SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2643/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega la vulneración de los derechos de la Institución a la que representa a la “seguridad jurídica”, a la defensa y la garantía del debido proceso, puesto que como resultado de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Publico, el Fiscal asignado al caso imputó formalmente a Víctor Hugo Lafuente Espinoza, por la presunta comisión del delito de contrabando, para posteriormente dictar sobreseimiento a favor del imputado; Resolución que estaría fundamentada en la insuficiencia de elementos de prueba para sustentar el juicio oral, por lo que, la Gerencia de la Aduana Regional Oruro, impugnó el requerimiento de sobreseimiento, mismo que fue resuelto mediante Resolución de 20 de junio de 2008, por el Fiscal de Distrito, ratificando el requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Corresponde en revisión, analizar si en este caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.