SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0040/2010-R

La SC 0012/2006-R de 4 de enero, sobre la evaluación integral de las circunstancias previstas en el art. 234 del CPP, respecto al peligro de fuga ha establecido que: “la expresión evaluación integral (…) implica que el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación  unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa”. Se entiende que el juez, al realizar la evaluación debe analizar las pruebas presentadas para finalmente fundar su determinación en las mismas, en forma razonada; ahora bien, la concurrencia de estas circunstancias de acuerdo a la SC1635/2004-R de 11 de octubre, corresponde sean probadas y demostradas por el acusador “…no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas pues por determinación de los arts. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad” (sic).