SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0086/2010-R

El recurrente alega que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, puesto que la Alcaldía Municipal de Sacaba mediante Resolución Técnico Administrativa 516/2004 de 1 de octubre, aprobó el plano de fraccionamiento de un lote de terreno de propiedad de su madre; a cuya consecuencia, tanto la minuta de cesión gratuita como la superficie fueron inscritas en DD.RR., una a favor del Gobierno Municipal de Sacaba, y la otra a favor de la propietaria. Mediante Auto de 4 de julio de 2005, el recurrente fue declarado heredero forzoso de la propiedad de su madre, dominio que igualmente fue registrado en DD.RR.; no obstante, cuando se apersonó ante la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía Municipal de Sacaba, le comunicaron que la Resolución Técnico Administrativa 516/2004, fue anulada por la RA 063/2004 de 30 de diciembre, emitida por el Alcalde Municipal de Sacaba, contra la que interpuso recurso de revocatoria, señalando que no debía anularse dicha Resolución ni el plano de fraccionamiento sin la existencia de causas o motivos para su anulación, además que debía interponerse ante la autoridad llamada por ley. Sin embargo, mediante la RA 058/2005 de 23 de diciembre, se confirmó la Resolución anulatoria, por lo que interpuso recurso jerárquico, resuelto por el Concejo Municipal de Sacaba mediante Resolución Municipal 015/2006 de 30 de marzo, que ratifica la Resolución de anulación; finalmente, ante el mismo ente deliberante, formuló reconsideración de su Resolución, rechazada por la Resolución Municipal 031/2006 de 13 de junio. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por la Jueza de amparo constitucional, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.