SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0196/2010-R

         Por otra parte, si bien el art. 236 del CPC, establece que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación a que se refiere el art. 227 del CPC, excepto lo dispuesto en la parte final del art. 343 del mismo cuerpo legal; precepto que prácticamente marca los límites a los que debe sujetarse la resolución de un recurso de apelación, debiendo, en consecuencia, la autoridad judicial fundamentar su fallo de acuerdo al contenido y a los puntos apelados por el agraviado; sin embargo, es también evidente que por mandato del art. 15 de la LOJ, los jueces y tribunales de apelación tienen el deber de revisar de oficio los procesos sometidos a su conocimiento para establecer si la autoridad judicial inferior observó o no los plazos y las leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, y en los casos en que se advierta que la actividad procesal se llevó a cabo con infracción de formas o procedimientos que la ley procesal ha previsto para su validez, le corresponde aplicar la nulidad para sanear el proceso y restablecer o asegurar la vigencia del debido proceso, que no sólo es una garantía jurisdiccional, sino también un derecho.

         En consecuencia, no es evidente que la autoridad judicial demandada hubiese cometido acto ilegal alguno al emitir la Resolución impugnada con los alcances contenidos en la misma. Lo cual significa que no se ha lesionado el derecho al debido proceso, mucho menos a la vida y la salud, educación y cultura que ha invocado la accionante, respecto a los cuales no corresponde mayor argumentación por ser claros los fundamentos expuestos y constituir un exceso de ésta en la identificación de los supuestos derechos vulnerados que no han sido acreditados.