SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0196/2010-R

         En el caso de autos, el Juez demandado no incurrió en acto ilegal alguno al disponer la anulación del proceso de asistencia familiar seguido por la accionante y sus representados contra Roberto Bracamonte Aramayo; por cuanto, en uso de la facultad que le confiere el art. 15 de la LOJ, a tiempo de conocer el recurso de apelación, advirtió que la demanda fue planteada en base a disposiciones legales derogadas, lo mismo que el trámite procesal correspondiente, ya que a la fecha de interposición de la misma, se encontraban en plena vigencia las reformas al Código de Familia, en cuanto a la sustanciación de los procesos por asistencia familiar y los arts. 428 al 435 y 437 del CF, estaban expresamente derogados.

En consecuencia, la demanda debió sujetarse a los arts. 61 y ss. de la LAPCAF; empero, al ser así, como se tiene explicado precedentemente, consiguientemente, el mismo resulta viciado de nulidad, dado que conforme a lo establecido por el art. 90 del CPC, las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, siendo nulas las estipulaciones contrarias a lo dispuesto.