SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0558/2010-R

El recurrente, alega como presuntamente vulnerados sus derechos a la igualdad, a la defensa, a la “seguridad jurídica”, al trabajo, a la locomoción y al debido proceso, aduciendo que, a consecuencia del inicio de un proceso penal el 10 de noviembre de 1994, por AASANA, en su contra y otras personas, por la presunta comisión de los delitos de peculado, malversación y otros, hasta la fecha que solicitó la extinción de la acción penal, el proceso tuvo una duración de trece años, durante los cuales no realizó actos de dilación, imputables a su persona, por lo que el Juez Octavo de Partido en lo Penal Liquidador ordenó la extinción de la acción penal a su favor; en recurso de apelación, formulado por el Ministerio Público, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior revocó la Resolución y dispuso la prosecución de la investigación. Refiere que, la autoridad recurrida incurrió en error de hecho y de derecho al no considerar que se encuentra procesado por más de trece años, conjuntamente otros implicados; y que el informe emitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Partido en lo Penal Liquidador se refirió a actos de dilación de otros procesados y no a su persona. El Auto de Vista impugnado, atenta contra la seguridad jurídica y el debido proceso por no encontrarse debidamente motivado y porque no citó las leyes en que se funda, conforme manda el art. 406 del CPP, además de vulnerar los arts. 399 del CPP; 10 y 11 de la DUDH. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.