SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0826/2010-R

El 9 de mayo de 2008, cuando su representado se encontraba en las oficinas de la empresa Flecha Tours donde trabaja, los funcionarios policiales recurridos ingresaron sacándolo por la fuerza, enmanillado fue conducido a las oficinas de la Fiscalía sin mostrarle ninguna orden de aprehensión, luego, se enteró que su detención fue ordenada por el Director Regional de Migración de Rurrenabaque en cumplimiento a un requerimiento emitido por la Fiscal recurrida que dispuso su expulsión del territorio boliviano luego de un proceso administrativo en su contra, el que no fue de su conocimiento.

Señala que después de ello, los policías recurridos lo trasladaron a las oficinas de Migración en la ciudad de La Paz, donde sus abogados verificaron una serie de irregularidades en la tramitación de su permiso de permanencia que se presentó en Rurrenabaque y que no se diligenció, disponiendo el Director de Migración de La Paz se inicie un nuevo trámite de permanencia, por lo que no pudo obtener su libertad hasta el 10 de mayo, luego de varias horas, para demostrar que había sido detenido ilegalmente y que no podía ser expulsado del país.

Posteriormente, tras apersonarse voluntariamente a las oficinas de Migración a objeto de regularizar su permanencia, nuevamente se lo aprehendió ilegalmente cuando el funcionario de migración Mario Alejandro Giacoman Giacoman, por instrucciones telefónicas del Director, dispuso esa aprehensión para luego deportarlo y conducirlo a la frontera, quedándose detenido por más de una hora en esas oficinas y luego que sus abogados hicieran constar esa segunda detención ilegal, se le permitió salir casi por la fuerza, para luego permanecer en libertad pero bajo la amenaza de librarse un mandamiento de aprehensión y ejecutarlo en cualquier momento, adelantando criterio y señalando que su permanencia era irregular, actuación abusiva y perniciosa, aprehensión y persecución iniciada por el SENAMIG, restringiendo su libertad en dos oportunidades, encontrándose a la fecha ese derecho amenazado, así como el de formar una familia y tener un trabajo legal en Bolivia.