SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0928/2010-R

El recurrente, alega la vulneración de los derechos de su representado a la libertad, “seguridad jurídica” y al debido proceso, por cuanto refiere que el acto conclusivo, acusación formal por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas contra su representado fue efectuada por un Fiscal Adjunto y no por un fiscal de materia, conforme establece el art. 45.15 de la LOMP, hecho que no fue observado por las autoridades a tiempo de dictar la Sentencia, el Auto De Vista y el Auto Supremo; en consecuencia, las autoridades judiciales que intervinieron en las distintas instancias, obviaron el art. 15 de la LOJabrg, que obliga a las autoridades judiciales a precautelar que el proceso se lleve a cabo sin vicios de nulidad. Asimismo, que el Auto Supremo que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por su representado, carece de la fundamentación y motivación debida, conforme establece el art. 124 y 173 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del representado del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.