SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1055/2010-R

De conformidad con el art. 225 de la CPE, el Ministerio Público es órgano público que tiene como funciones esenciales defender la legalidad, los intereses generales de la sociedad y promover la acción penal pública, ejerciendo las atribuciones legales de dirigir la investigación de hechos ilícitos, así como la protección de las víctimas y testigos. En ese sentido el art. 6 de la LOMP, previene que cuando el Fiscal tenga conocimiento de un hecho punible, está obligado a ejercitar dicha acción en el marco de los principios de máxima probidad, objetividad, obligatoriedad, oportunidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus deberes que implica la recolección de los suficientes elementos fácticos para verificar la comisión de un delito; lo que encarna que planteada la denuncia o querella, comienza la etapa investigativa bajo su dirección, promoviendo todas las diligencias que considere conducentes a la averiguación de la verdad histórica de los hechos, recolectando todos los elementos que sirvan para formalizar la acusación o en su caso desvirtuar la hipótesis incriminatoria y eximir de responsabilidad al imputado, en función del citado principio de objetividad (art. 5 de la LOMP). El art. 323 del CPP, establece los actos conclusivos de la etapa preparatoria, para que el fiscal, en función a las evidencias recolectadas determine acusar o solicitar la aplicación de una salida alternativa o en su caso el sobreseimiento del imputado.

Ese análisis y ponderación de los elementos recolectados, es labor exclusiva del Ministerio Público como responsable de la investigación y titular de la acción penal pública, a la que no puede ingresar la jurisdicción constitucional, como si se tratara de una instancia revisora de ese razonamiento y compulsa. Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional está orientada a la defensa de derechos fundamentales restringidos, suprimidos o amenazados, siempre que no exista otro medio o recurso legal para su protección inmediata, correspondiendo únicamente internarse en dicha esfera, cuando se considere que a través de una conducta comisiva u omisiva de los órganos de investigación y judiciales, se ocasione la vulneración de los derechos alegados y que a pesar de su reclamación oportuna ante los órganos competentes, persista la lesión.