SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0026/2010

La norma procesal especial vigente es la Ley del Tribunal Constitucional, que en su art. 79 establece: "I.- Procede el recurso directo de nulidad contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley. II.- También procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que esté suspendida de sus funciones o hubiere cesado". Es decir, que dada su naturaleza jurídica es un recurso constitucional tendiente a evitar el abuso o extralimitación de las atribuciones, como también la usurpación de funciones, o la actuación sin tener jurisdicción ni competencia, para que no haya excesos y se evite actos y resoluciones más allá de lo permitido por la norma jurídica.

De ahí por qué su finalidad, es que ante esos casos mediante sentencia constitucional se declare fundando el recurso y como efecto se disponga: "La nulidad de la resolución o el acto recurridos, cuando el Tribunal encuentre que la autoridad obró sin jurisdicción o sin competencia, o hubiere dictado la resolución después de haber cesado en sus funciones o estando suspendida de ellas", dado que lo que se pretende es la paz social y convivencia pacífica, inclusive el Tribunal tiene la potestad de disponer de oficio, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal correspondiente; y si el recurso es declarado infundado, es posible la imposición de costas y multa al recurrente; tal cual lo establece el art. 85 de la LTC.