SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1458/2011-R

La acción de amparo constitucional está concebida como un procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez o tribunal de garantías, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, emita resolución encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en cuestión para que aquél contra quien se intenta la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.Dentro de ese contexto, el Constituyente instituyó este mecanismo procesal constitucional como una acción destinada a restablecer derechos que estén amenazados o restringidos contenidos en la Constitución Política del Estado o leyes e instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional conforme prevé el art.  410 de la CPE; provenientes de servidores públicos por acciones u omisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones o tratándose de personas particulares al asumir distintas clases de decisiones no acordes al orden constitucional.