SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1460/2011-R

El 15 de octubre de 2008, Darwin Martín Hurtado Jordán sentó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), contra supuestos autores, cómplices y encubridores por el delito de incumplimiento de deberes; la que una vez tramitada, por Resolución Conclusiva de 27 de junio de 2009, al no existir pruebas sobre los hechos denunciados, concluyó con el rechazo de las investigaciones. Decisión que posteriormente el denunciante objetó y fue revocada por el Fiscal de Distrito, según requerimiento de 31 de julio de 2009, disponiendo que la autoridad fiscal asuma las emergencias del caso, cuando habían transcurrido diez meses a partir del inicio de las diligencias preliminares de policía judicial, lo que implica la comisión de actos ilegales y arbitrarios.

Refieren asimismo que, pesa contra su representado otra denuncia presentada con posterioridad por el mismo sujeto procesal, esta vez por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo, falsificación de sellos, impresión fraudulenta de sello oficial y otros; al igual que en el caso anterior, tampoco se presentó querella ni se constituyó parte civil, por lo tanto, el denunciante carecía de legitimación activa para objetar el citado rechazo al no ser parte del proceso, conforme a lo previsto por el art. 287 del Código de Procedimiento Penal (CPP); aspectos que la autoridad ahora demandada no tomó en cuenta a tiempo de revocar el rechazo de querella, incurriendo no solamente en incumplimiento de deberes, sino también emitió resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, pretendiendo endilgarle al denunciado un delito que comprende únicamente a un ciudadano que ejerce un cargo público, vulnerando los principios de congruencia, de legalidad, de inocencia y el debido proceso, además de los arts. 1, 5 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).