SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1460/2011-R

Los accionantes, alegan que la autoridad demandada vulneró los derechos de su representado a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a ser oído y juzgado previamente; la garantía del debido proceso; y los “principios” de congruencia, legalidad y probidad, afirmando que el Fiscal de Distrito revocó el rechazo a una denuncia planteada en su contra, en virtud a la objeción planteada por un simple denunciante que no puede ser considerado como parte del proceso penal porque nunca se constituyó en querellante ni en parte civil; por tanto, no contaba con legitimación activa, incurriendo en actos ilegales al resolver una petición sin competencia, después de diez meses del inicio de las investigaciones. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales del representado de los accionantes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.