SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1742/2011-R

La acción de amparo constitucional, constituye un mecanismo caracterizado por su prontitud y efectividad para brindar la tutela debida, situación que encuentra respaldo en el contenido del art. 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Con ese razonamiento la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, indicó que la acción de amparo: “…es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición…”.

“De ello se infiere que quien considere que sus derechos están restringidos, suprimidos o amenazados, por un acto u omisión ilegal o indebida, en forma rápida y con la debida diligencia debe acudir a la jurisdicción constitucional en busca de su tutela a través de la acción de defensa de derechos fundamentales, que precisamente por esa situación, a objeto de ser un medio idóneo y efectivo, tiene también un trámite sumarísimo; siendo en el caso del amparo constitucional, el plazo de seis meses, razonable para la búsqueda de la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales. De tal manera que una actuación desidiosa o negligente en causa propia, definitivamente conlleva una consecuencia jurídica, que refiere a la extemporaneidad y consiguiente caducidad del derecho de activar la acción.