SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0099/2011-R

Así pues, se puede establecer, de la revisión de obrados, que existe un confrontamiento entre dos grupos de personas, habiendo uno de ellos, bajo argumento de ejercer jurisdicción como OTB y alegando un supuesto derecho sobre el control de la planta de tratamiento de agua que se encuentra en dicha OTB, cortado el suministro de agua a ciento veinte familias, hechos que son constatables a través de los informes del Subprefecto de la provincia Quillacollo (fs. 15), pues a través de medidas de hecho y fuera de toda racionalidad, cortaron las cañerías que transportaban agua potable a las familias demandantes.

Al alegar las partes, la supuesta existencia de dos Directorios sobre la OTB “Oasys”, supuestamente existirían derechos controvertidos sobre la legitimación activa para la interposición de la presente acción; sin embargo, dicho aspecto no es el punto principal de la causa, pues el tema fundamental que se plantea dentro la acción es, prioritariamente el derecho al agua, y por consiguiente los derechos conexos emergentes de éste como el derecho a la vida, a la salud, entre otros, los cuales fueron flagrantemente vulnerados a las ciento veinte familias accionantes, hechos que fueron constatados a través de la prueba aportada.

Asimismo y de forma contradictoria, los dirigentes demandados representantes de la OTB “Oasys”, no solo realizaron actos que no les competen, como es el corte de suministro de agua a familias que viven dentro de la jurisdicción de dicha OTB, vulnerando de esta forma la Ley de Participación Popular; sino también, paradójicamente, siendo representantes de dicha organización, deben velar por el bienestar de los miembros y familias pertenecientes a la mencionada OTB, por lo que se evidencia que con su accionar arbitrario e ilegal, vulneraron un derecho tan fundamental como es el derecho al acceso al agua.