SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0180/2011-R
Fecha: 11-Mar-2011
4)
4) Por Auto Supremo de 26 de septiembre de 2008, se rechazó la recusación con los siguientes argumentos: a) El ministro Héctor Sandoval Parada, sin emitir ningún pronunciamiento de fondo tuvo participación en actuaciones que de acuerdo a la norma constitucional resultan necesarias para el antejuicio de la causa, fase que no implicó de ninguna forma el conocimiento de la etapa preparatoria de juicio, pues como integrante de la Sala Penal, simplemente suscribió los informes de 4 de enero y 29 de agosto de 2003, previamente a la emisión de la declaración constitucional 003/2005 de 8 de junio, que definió el rol de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia, como órganos cautelares de la etapa preparatoria y en cumplimiento de un requisito de procedibilidad, es decir autorización congresal para procesamiento del accionante; b) Los ministros Julio Ortiz Linares y Héctor Sandoval Parada, como integrantes de las Salas Penales, no ejercieron actividad jurisdiccional alguna en la etapa preparatoria del proceso seguido contra el accionante que justifique el argumento sostenido por la defensa en sentido que estarían impedidos de integrar el Tribunal de juicio de responsabilidad; y, c) El accionante no acreditó objetivamente con prueba idónea la causal de recusación alegada.
- acción de amparo constitucional
- 1)
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- i) Intervención del Ministerio Público
- ii) Intervención del querellante
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La interpretación de la legalidad ordinaria
- fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional.
- i) Expresar en forma precisa los fundamentos jurídicos en los que sustenta su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el Juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada;
- III.2. La valoración de la prueba y la jurisdicción constitucional
- les corresponde apreciar y valorar de la manera más certera posible el material probatorio que consta dentro del proceso, sobre la base del cual formará convicción y fundará su decisión, inspirándose en los principios de la sana crítica; esa atribución de las autoridades de la jurisdicción ordinaria de valoración de la prueba, no puede ser revisada ni desconocida por esta jurisdicción constitucional, la que no se constituye en una instancia adicional a la ordinaria, a través de la cual se pase a determinar si la valoración fue realizada de manera correcta o incorrecta
- en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso
- a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma.
- que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:
- Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (…) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante,
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR