SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0318/2011-R

El 18 de octubre de 2003, se inició un proceso penal en contra de sus mandantes, por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio, daño calificado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, lesiones graves y leves, tentativa de homicidio y complicidad, proceso que se habría sustanciado incurriendo en una serie de errores, vicios procesales, irregularidades y negligencia atribuible al Ministerio Público y a las autoridades judiciales, dictándose Sentencia recién el 15 de febrero de 2006; siendo ésta lesiva a los derechos de sus representados, plantearon recurso de apelación y posteriormente el de casación.

Indica que, la tramitación de dicho proceso, duró más de lo razonable y de conformidad a los arts. 27 inc. 10) y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitaron la extinción del proceso penal por mora judicial el 8 de diciembre de 2006; sin embargo, sin atender previamente dicho pedido, como señala el art. 308 del CPP, la Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución 128/2007 de 15 de febrero, sin pronunciarse sobre la extinción de la acción penal solicitada, por lo que plantearon amparo constitucional, el que les fue concedido, ordenando a la Corte Suprema de Justicia dicte nueva resolución, razón por la cual, ésta emitió el Auto Supremo 364 de 29 de noviembre de 2007, sin previo sorteo, fundamentación ni motivación alguna y al haber demostrado que la demora en la tramitación del proceso penal es imputable, a los jueces, fiscales y al propio querellante y no así a sus representados, quienes actuaron en legítima defensa y que de acuerdo al art. 133 del CPP, corresponde la extinción de la acción penal.